Manos Limpias pide más de 10 años de cárcel para Begoña Gómez
Manos Limpias reclama que se condene a Begoña Gómez a un total de 10 años y tres meses de prisión por delitos continuados de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, según refleja su escrito de acusación al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
El sindicato solicita, además, para el empresario Juan Carlos Barrabés una sentencia de dos años y tres meses de cárcel por un delito de tráfico de influencias.
Atribuye a Gómez el haber utilizado su condición de cónyuge del presidente del Gobierno para que el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ordenase al exvicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, la creación de una cátedra que ella dirigiría.
"Lo que se hace con rapidez, tratándose de la única cátedra que dirige una persona sin titulación superior". Según esta parte, la "actividad" de la cátedra extraordinaria se centró en el desarrollo de un software informático.
El colectivo funcionarios apunta a que, paralelamente, en julio de 2020, la esposa de Pedro Sánchez "suscribió dos cartas de recomendación a favor de la empresa" de Barrabés, "coincidiendo con las reuniones con este en el complejo de la Moncloa, para facilitarle que le fueran adjudicados contratos públicos por la entidad pública Red.es". Y valiéndose la firmante "de su condición de codirectora de la cátedra universitaria".
Esta acusación popular da por acreditado que Gómez "se lucró personalmente de la creación de la cátedra y le sirvió como medio de desarrollo profesional". Asimismo, señala que "constituyó una sociedad mercantil para la explotación del software informático que se habría desarrollado a través de la cátedra" y "registró una marca y un dominio de Internet".
Manos Limpias continúa relatando que para el desarrollo de la actividad de la cátedra, la esposa del jefe del Ejecutivo "se valió del tiempo de trabajo" de su asistente en Presidencia del Gobierno, quien "le prestó asistencia y desempeño en funciones auxiliares, que realizó sirviéndose de medios de los que disponía en su condición de personal eventual de la Administración".
Tal y como se expone en el escrito, Gómez "se lucró de su posición en la cátedra", "no solo por el importe obtenido, 15.000 euros", sino también al detraer el programa informático de "patrimonio público" (la UCM) "para su comercialización a través de una sociedad mercantil". "El valor del software se estima que excede los 108.000 euros, según un informe de valoración obrante en la causa".
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