La nueva abogada de Mouliaá no logra su pretensión en su estreno con el juez

La nueva abogada de Elisa Mouliaá empieza errando en la causa por la querella en la que Íñigo Errejón le acusa de un delito de calumnias después de que ella le hubiese atribuido públicamente haber extorsionado a dos testigos del caso de la supuesta agresión sexual.

Tal y como desveló ayer LA RAZÓN, la actriz dejó al letrado que le viene representando en sus litigios, Alfredo Arrién, para contar con los servicios de una abogada cercana al entorno de Podemos.

Elena Vázquez Núñez ya se ha personado como su representante legal en el procedimiento por calumnias por el que el expolítico y la intérprete están citados para declarar este próximo viernes.

Vázquez Núñez fue abogada de Pablo Iglesias e Irene Montero en su denuncia contra un vecino de Galapagar (Miguel Ángel Frontera) al que acusaron de ser el instigador de las protestas frente a su vivienda que se sucedieron durante la Covid y que investigó un juzgado de Collado Villalba (Comunidad de Madrid).

Este ciudadano acabó siendo absuelto, en 2024, por el Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid de los delitos de acoso, injurias graves con publicidad a una autoridad (Iglesias era entonces vicepresidente segundo del Gobierno y Montero, ministra de Igualdad) por los que le pedían hasta tres años de prisión y una multa de 13.800 euros.

Esta jurista ejerce, además, como presidenta del Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas-Red de Abogados Demócratas, que junto a Izquierda Unida (formación ahora ligada a Sumar) se querelló contra el Rey Emérito por siete delitos ante el Tribunal Supremo «por recibir pagos o dádivas por parte de países extranjeros sin que se haya dado cuenta durante todo este tiempo a la Hacienda pública española».

Vázquez Núñez se define públicamente como una «abogada penalista con perspectiva de género, experta en Derechos Humanos y Migraciones» y, según figura en su currículum público, colaboradora con organizaciones no gubernamentales y ha trabajado para Comisiones Obreras (CCOO).

De hecho, se llegó a presentar en 2012 para formar parte de la Junta directiva del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en una candidatura que lideraron dos abogados que después fueron dirigentes del partido morado.

La número uno, la que aspiraba a decana, era Lorena Ruiz-Huerta, que llegó a ser portavoz parlamentaria de Podemos en la Asamblea de Madrid (2016-2018) y Rafael Mayoral, muy cercano a Iglesias y exdiputado en el Congreso (2016-2023).

Pues bien, el juez Arturo Zamarriego ha rechazado ya su primera pretensión. En una providencia, con fecha de este pasado lunes y que ha sido conocida por este diario en primicia, el magistrado dicta que «no ha lugar a la suspensión del señalamiento que acordó» para que ambos declaren este próximo viernes en calidad de «querellante» y «querellada», a las 10:30 horas.

Respecto a la solicitud de sobreseimiento libre y archivo, da traslado a la abogada de Errejón, Eva Gimbernat, para que presente las alegaciones que considere.

La abogada actual de Mouliaá defendió en su escrito, conocido por este periódico, que las manifestaciones realizadas en X por su clienta «fueron meras valoraciones subjetivas emitidas en el contexto de un procedimiento penal en curso en el que ostenta la condición de denunciante». Y no pueden ser consideradas «imputaciones falsas de hechos delictivos».

«No, Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos», dijo ella en uno de los tuits recogidos en la acción penal interpuesta por el aludido.

Para Núñez estas afirmaciones «se apoyan en hechos reales y, asimismo, en elementos existentes en el procedimiento.

Apela a la «aplicación de la perspectiva de género» a fin de reforzar que sus palabras «responden a una vivencia subjetiva fundada en elementos contextuales» y, por tanto, no puede haber «una invención consciente de hechos falsos», además de que concurre «un claro ‘animus defendendi’».

En consecuencia, argumenta, «la incorporación de este criterio interpretativo conduce igualmente a descartar la concurrencia de un dolo (intención) exigido por el tipo penal de calumnias», lo que, a su parecer, «reforzaría la procedencia del sobreseimiento».

Quiere que el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid tenga en cuenta «la exposición mediática intensa» que viene sufriendo y que se habría difundido «una narrativa pública que cuestionaba su credibilidad». Así como una supuesta «percepción de falta de apoyo o contraste por parte de personas de su entorno». Habrá que esperar a que el juez Zamarriego se pronuncie, tras escucharle a él, sobre el archivo.

No pidió la venia

Fuentes del despacho Paredes y Asociados explican a LA RAZÓN que esta nueva letrada ha presentado, en representación de su clienta Elisa Mouliaá, el escrito en cuestión ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, sin antes pedirle la venia a su anterior abogado, Alfredo Arrién.

Por ello, las mencionadas fuentes trasladan que es su intención presentar una queja por esta forma de proceder que, entienden, no es la correcta. Según consta en la providencia conocida por este diario, el juez ha dado por personada a esta jurista como su nueva abogada.