No contribuyamos a más crispación
La política española sigue siendo el claro ejemplo de polarización y enfrentamiento que venimos viviendo en los últimos años, reflejo de un clima político que no ayuda a la convivencia entre españoles ni facilita un diálogo en sus instituciones dirigido a la búsqueda del interés general. Choque en el Congreso, enfrentamientos en Granada en plena campaña electoral y, paradójicamente, un pacto en Extremadura que puede estar al margen de normas comunitarias y leyes en nuestro país. Todo esto siembra de aún más dudas el horizonte político que tenemos por delante.
La expulsión de un diputado de Vox en el Congreso de los Diputados por intimidación al vicepresidente y tres llamadas al orden, durante el debate de documentos del franquismo, es un claro ejemplo. En los años que llevo en la política activa, y a pesar de vivir debates de enorme tensión en situaciones límite, no presencié nunca que un diputado de ninguna fuerza política subiera a la tribuna, al lugar reservado para la presidencia de la Cámara, a mostrar de manera airada sus quejas. Y no es un diputado novel, porque ya nos obsequió hace tres años llamando bruja a una diputada del PSOE por su defensa cerrada del feminismo y la igualdad.
Esta tensión se está trasladando a la calle. Los acontecimientos vividos en Granada, que acabaron en disturbios y enfrentamientos en plena precampaña electoral entre simpatizantes de Vox concentrados en un mitin de Abascal y manifestante antifascistas, así lo muestran. Estos hechos deben ser rechazados en nuestra democracia, donde todos los partidos tienen derecho a mostrar y defender sus posiciones por muy contrarias que sean a las que cada uno de nosotros tengamos.
Me encuentro en las antípodas de este partido, pero la grandeza de nuestro Estado de Derecho y nuestra Constitución les ampara incluso en sus manifestaciones contrarias a ella, como sucede en el caso de los partidos separatistas o de Bildu.
Y, paradójicamente, ha sido la semana elegida por el PP para anunciar el pacto en Extremadura con Vox. No es un acuerdo de investidura sino de gobierno, en el que la fuerza de extrema derecha pasará a ostentar responsabilidades en consejerías concretas que afectan a la vida de los extremeños, como desregulación, familia y servicios sociales. Más allá de esa representación, lo que resulta contradictorio y polémico son los acuerdos que chocan directamente con la legislación española y europea en elementos controvertidos como la prioridad nacional, en la práctica algo imposible de aplicar y que solo busca lanzar un mensaje no exento de connotaciones xenófobas.
Seguramente de este acuerdo de gobierno salga más beneficiado Vox que el PP. En las últimas elecciones en Castilla y León, salió reforzado el bipartidismo y la fuerza de extrema derecha quedó tocada y lejos de sus previsiones demoscópicas. Todo ello alimentó la crisis interna que se venía fraguando en las últimas semanas y que en estos días se ha culminado con la expulsión definitiva de Javier Ortega Smith.
No es un militante cualquiera de Vox, estamos ante uno de sus fundadores, número dos de la organización durante mucho tiempo y que se marcha entre acusaciones de autoritarismo y anomalías internas. Hay que recordar que nuestra Constitución obliga a los partidos a mantener procedimientos democráticos. Smith ya ha anunciado que acudirá los tribunales y el tiempo dirá si el acuerdo en Extremadura no es un balón de oxígeno a una fuerza política que gana presencia institucional en la misma medida que crecen sus líos internos.
Todo lo ocurrido en estos últimos días forma parte de una misma dinámica. La confrontación y la polarización en la política se manifiesta en las instituciones con altercados en las Cortes, en las manifestaciones en plena precampaña de las elecciones andaluzas y en los pactos de gobierno con alianzas sujetas a compromisos controvertidos.
A día de hoy ese clima de enfrentamiento reside fundamentalmente en la política y entre partidos, pero todavía no parece haber trascendido a la calle ni a la convivencia entre españoles.
No es descartable que si los acontecimientos siguen la misma tónica, y la dinámica se hace constante, eso suceda. Y un problema de la mala política degenere en un enfrentamiento social de un coste incalculable para nuestra convivencia.
La experiencia reciente de esa ruptura social la hemos vivido en algunos territorios de España donde la normalización no está siendo sencilla ni pacífica en términos políticos. Y el pacto de Extremadura va justo en ese mal camino, sembrar discordia y generar la desconfianza en el Estado de Derecho. Y aún queda Aragón, Castilla y León. Veremos…