Cientos de miles de embriones permanecen congelados en España y abandonados en las clínicas de fertilidad ante la odisea que supone para las parejas poder destruirlos. Lo mismo ocurre con los óvulos de las mujeres: mientras los hombres que han congelado esperma solo necesitan firmar un documento en el que expresen su voluntad de que se destruyan esas muestras, las mujeres necesitan que al menos dos especialistas independientes, ajenos al centro de reproducción en el que iniciaron el proceso, acrediten que no podrán someterse a un tratamiento para tener hijos. Por ello, el Congreso acordó este martes empezar a tramitar una norma para acabar con esta situación. La Cámara Baja aprobó la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el PSOE para reformar la Ley de Reproducción Asistida y modificar así la regulación sobre la conservación de ovocitos. Es una reclamación que los especialistas en fertilidad y reproducción asistida llevan años reclamando, pues no son pocas las ocasiones que se topan con mujeres desesperadas ante la imposibilidad de destruir el material genético que un día congelaron para poder formar una familia. «Eso nos lleva a que los ovocitos tienen que quedar congelados de forma indefinida. A veces, las mujeres los abandonan porque no quieren seguir costeando la conservación. Y entramos en una dinámica donde no hay igualdad porque no pueden decidir sobre esas muestras», lamenta Joaquín Llácer, ginecólogo especialista en Medicina reproductiva y miembro de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). No hay otro país, asegura, que establezca estas trabas para la destrucción del material genético congelado de las mujeres. Pero lo mismo ocurre con los embriones. Y aunque la proposición de ley que se debatirá en los próximos meses se reduce únicamente a la regulación de los ovocitos, los grupos parlamentarios pusieron de manifiesto la necesidad de abordar también durante su tramitación la situación de los óvulos fecundados, pues los requisitos para poder destruirlos son los mismos: no sirve con la simple voluntad, hay que contar con el informe favorable de dos especialistas que acrediten que la mujer no reúne las condiciones para poder someterse al tratamiento o esperar hasta los 50 años. «Es una aberración y no digo que nadie lo vaya a hacer, pero a una mujer le resulta legalmente más fácil que le implanten el embrión, quedarse embarazada y luego abortar que cesar la conservación del embrión», denuncia Llácer, pues insiste en que a la hora de interrumpir la gestación a ninguna fémina se le exige ningún certificado. En esta línea, este ginecólogo ve como «un sinsentido» que se dé mayor protección o garantías a un preembrión que a un feto. Es, a su juicio, una «disonancia legal». «Que tenga más garantías un embrión de tres días congelado en un banco que uno de 8 o 10 semanas ya en desarrollo, donde la mujer puede interrumpir el embarazo sin dar cuentas a nadie y está prohibido que alguien se las pida. Y que con los embriones tenga que estar mendigando que le hagan informes para poder resolver la situación...», reflexiona. La ley establece que tanto óvulos como embriones pueden ser donados con fines reproductivos o de investigación, por lo que se podría pensar que la solución para quien quiere deshacerse de ellos es simple, pero en la práctica, denuncian los expertos, es casi imposible destinar el material genético a estos propósitos. «Donarlo para otras parejas es extremadamente complicado porque la administración nos restringe cada vez más los embriones que pueden ser donados», explica Llácer, que se refiere a requisitos concretos de edad de la paciente, análisis genéticos, etc., de manera que al final la «inmensa mayoría» de los embriones no cumplen con esos criterios y no pueden donarse. Y en cuanto a investigación, sostiene, la cantidad de proyectos que hay actualmente en nuestro país es mínima y además no sirve con que la pareja dé un consentimiento genérico para que su material genético se utilice con estos fines, sino que debe autorizar cada ensayo concreto. «Es un callejón sin salida», puntualiza este ginecólogo. Se refiere además este ginecólogo a las «situaciones aberrantes» que viven las mujeres cuando quieren destruir sus ovocitos congelados. Muchas, dice, caen en cuadros de ansiedad y depresión ante la odisea por la que pasan para que su material se destruya. «Es una barbaridad que las mujeres tengan que ir mendigando informes», dice. Pero también considera que este limbo pone a los médicos en una situación profesional muy complicada. «Pone a los profesionales en la tesitura de tener que exagerar o incluso mentir en los informes para decir que no podrán gestar», afirma. También es de esa opinión Marga Martín, la diputada socialista que defendió este martes la iniciativa en el Congreso, donde denunció la situación de desigualdad entre hombres y mujeres que genera la Ley de Reproducción Asistida tal como está actualmente planteada. «Que se les pida el dictamen favorable de dos especialistas independientes y ajenos al centro es que casi les obliga a mentir, porque la mayoría de las mujeres son sanas y jóvenes», opina, y hace hincapié en la discriminación que supone este hecho para las féminas. Aunque en el Congreso fueron varios los partidos que reclamaron que esa reforma, además de a los ovocitos, incluya a los embriones, Martín asegura que no se ha incluido en su propuesta porque el Ministerio de Sanidad quiere reformar de forma más amplia esa ley, incluyendo ese aspecto. «Durante la tramitación, iremos viendo», sentencia. Pero la realidad es que las clínicas de reproducción asistida tienen cada vez más material genético abandonado y no pueden hacer nada con él, por lo que este exceso de garantías les pone en una situación de inseguridad jurídica. «La ley sigue siendo muy restrictiva y en principio solo podemos destruir los embriones cuando se cumple el fin de la edad reproductiva de la mujer», explica Belén Moliner, coordinadora de la unidad de endometriosis en reproducción y de ecografía en Instituto Bernabeu. Ante la imposibilidad de que se destruyan solo con su consentimiento, muchas parejas dejan de costear el mantenimiento y se desentienden, de manera que para las clínicas se convierte en misión imposible contactar con ellos, de manera que no pueden actuar y tiene que dejar el material almacenado. «Ni se puede destruir el embrión ni se puede hacer nada con él. Y eso hace que tengamos cientos de miles de embriones congelados por toda España», continúa Moliner, que lamenta el problema ético que supone para estas empresas el hecho de hacerse cargo de material genético abandonado. Y eso, además, implica mayor coste para las clínicas de reproducción asistida, que emplean recursos en la conservación de un material que no va a tener un destino. «Pero no es tanto el uso de recursos en sí, sino el problema ético de tener un montón de embriones que no tienen salida», remarca. La decisión del Congreso, apunta Moliner, es «un avance», aunque cree que la modificación de esta ley debería ir más allá, siendo consciente de que es «muy complicado» regularlo, pero hay que hacerlo, dice, «por un tema ético, biológico y de todas las índoles». «Es una ley que se está quedando atrás y ahora mismo muy restrictiva», señala. «Es una cuestión de derechos, es un problema de que la mujer o la pareja no tienen derecho a elegir el destino de sus ovocitos o de sus embriones y cesar su conservación con su sola decisión», añade por su parte Joaquín Llácer, que incide en que en este punto reside el principal problema y no en el almacenamiento del material. «Podríamos tener el doble de embriones almacenados y no pasaría nada. El problema son los requisitos arbitrarios para poder destruirlos», concluye.
