En un mes donde el foco está puesto en el juicio por la presunta trama corrupta en torno a la compra de material sanitario en la pandemia a cambio de comisiones, el Gobierno de Pedro Sánchez busca sacar adelante un anteproyecto de ley orgánica que puede poner en jaque la lucha contra el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la financiación del terrorismo en España. El anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (OIP), aprobado el pasado 17 de febrero por el Consejo de Ministros, prevé un cambio en el régimen de transmisión de participaciones previsto en la normativa mercantil vigente. El Ejecutivo busca sustituir la escritura pública, con control notarial, por un contrato privado para la transmisión de...
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