Que cinco instituciones internacionales alerten ya sobre la corrupción en España, como hoy publica este periódico , deja de constituir un simple aviso para convertirse en la constatación de una realidad preocupante que erosiona la salud democrática e institucional por parte del Gobierno. La Comisión Europea, la OCDE, el Greco, el Consejo de Europa y Transparencia Internacional coinciden en detectar deficiencias estructurales en nuestro país que hacen posible el enriquecimiento de criminales, la falta de control en el partido que ostenta el poder y dudas sobre los gobiernos autonómicos que controla. La realidad que se dibuja confunde intereses de la institución, el partido y el país para enredar una madeja corrupta cuyos nudos se desatan a día de hoy en informaciones, declaraciones, audios y mensajes de los investigadores. El memorándum preliminar sobre la situación de la corrupción en España, expuesto ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa, confirma –sumado a advertencias previas– que hemos entrado en una fase más grave. El Greco ha señalado desafíos críticos para la independencia judicial, la autonomía de la Fiscalía y la transparencia institucional. Por su parte, la Comisión Europea identifica la contratación pública y la financiación de partidos como ámbitos especialmente vulnerables a prácticas irregulares, un hecho que podemos constatar a día de hoy en informes de las fuerzas de seguridad y autos judiciales. Que la corrupción no sea exclusiva de este Gobierno no exime de responsabilidad al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la ha llevado mediante sus subordinados hasta el paroxismo. España no puede permitirse el deterioro de sus instituciones ni el descrédito de su sistema democrático. Un país que aspira a consolidarse como democracia plena no puede deslizarse hacia un escenario en el que redes clientelares o prácticas opacas erosionen el Estado de derecho y confundan los intereses del partido con los del Gobierno. Los casos que han marcado la actualidad reciente –como los vinculados a José Luis Ábalos, Santos Cerdán o el hermano y la esposa del presidente– cuestionan el discurso de tolerancia cero con el que el actual Ejecutivo llegó al poder que, revisitado desde la actualidad, suena a farsa irónica. A ello se suma una creciente percepción de colonización institucional que debilita los contrapesos democráticos y alimenta la desconfianza ciudadana que está cerca de cuestionar sustratos medulares del Estado como los procesos electorales. España ya sufrió en el pasado los efectos corrosivos de la corrupción, también bajo gobiernos anteriores. Pero precisamente por esa experiencia, la exigencia hoy debe ser mayor. No basta con invocar estándares éticos: es imprescindible garantizarlos con hechos, reforzar los mecanismos de control y preservar la independencia de las instituciones. Las advertencias internacionales no pueden ser ignoradas, relativizadas y quedar en agua de borrajas, como muchas veces sucede. Constituyen un diagnóstico externo que coincide con la preocupación interna. La calidad democrática de España está en juego, y su defensa exige algo más que declaraciones: requiere reformas, transparencia y una voluntad inequívoca de rendición de cuentas de la que la Moncloa se encuentra tan lejos.
