El debate sobre la 'prioridad nacional' ha saltado de los acuerdos políticos de PP y Vox en Extremadura y Aragón al tablero jurídico. El término, que busca primar el acceso de los ciudadanos españoles a recursos públicos limitados —desde la vivienda protegida hasta las ayudas de emergencia social— ha mutado en su redacción original para sobrevivir al filtro del Tribunal Constitucional y se ha pasado de «los españoles primero» al «arraigo» como condición para la obtención de ayudas. Este equilibrio semántico, que ya está generando discrepancias entre los propios firmantes, se enfrenta al examen de los expertos: ¿Puede un Gobierno autonómico o estatal cerrar el paso a un extranjero en el acceso a una vivienda pública o a una ayuda...
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