El Gobierno ha presentado el proceso de regularización masiva de inmigrantes como un logro humanitario que causa admiración en todo el mundo, en un capítulo más de su biografía mesiánica. Por eso resulta incomprensible que haya declarado secreto a todo lo relativo al número de extranjeros regularizados y a cuántos de ellos tienen antecedentes penales. No es la mejor decisión cuando, en menos de una semana, el Tribunal Supremo va a decidir si suspende o no cautelarmente el proceso de regularización. Parece mentira que, tras la fanfarria propagandística del Ejecutivo y de la izquierda, ahora huyan de la transparencia y escondan información muy relevante de algo que, a su juicio, debería de ser motivo de orgullo. Es inolvidable aquel llamamiento de Irene Montero a los inmigrantes regularizados para que empleen su futuro derecho al voto para expulsar a los fachas y a la extrema derecha, es decir, a todo el que no es de estricta observancia izquierdista. Eludir los controles democráticos es una constante de este Gobierno, acobardado por su inestabilidad parlamentaria, temeroso de la prensa libre e inadaptado a la fiscalización de los tribunales de Justicia. Actuando contra el Parlamento, contra la opinión pública y contra la independencia judicial, un gobierno deviene ilegítimo y se sitúa en ese lado de la historia donde están los autócratas que carcomen la democracia. La regularización de inmigrantes con arraigo en España, que no sean delincuentes, que no hayan acudido al fraude para justificar su presencia en el país y que estén trabajando sin el debido amparo social y legal, es un imperativo ético y jurídico. No se entiende, entonces, el miedo del Gobierno a que se conozcan datos sin los cuales el proceso de regularización se convierte en un proceso clandestino. Por esto merecerá toda sospecha que genere en Europa, bastante preocupada a estas alturas, y en la sociedad española, que expresa en las encuestas una visión muy crítica de lo que está sucediendo. Esto es cualquier cosa menos un ejercicio de buen gobierno. En pocos meses, y si el Supremo no lo suspende, España se encontrará con cientos de miles de extranjeros regularizados, sin que se puede distinguir entre quienes lo merecen y quienes no. El Gobierno hurta a las instituciones democráticas, incluidas la opinión pública y el poder judicial, elementos nucleares de las consecuencias de su decisión política y legal. No puede pretender el Ejecutivo que, actuando de esta manera, los ciudadanos se fíen del resultado de la regularización. Menos aún, que la oposición guarde silencio y consienta este fraude político, que se suma a los múltiples fraudes ya detectados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la obtención de documentos para acreditar la presencia en España antes del 1 de agosto de 2025. Las buenas palabras de Sánchez y el sentimentalismo impostado de sus portavoces nunca iban a disuadir a las mafias de inmigrantes. Al contrario, tienen su negocio en temporada alta. No es lícito movilizar a miles de empleados públicos, colapsar administraciones locales, incorporar a sociedades públicas y ONG en un proceso sometido al velo de la opacidad. Cuando ese velo caiga, la verdad verá luz y, con ella, la temeridad de este Gobierno en una cuestión crucial para el futuro de nuestro país.
