Pueblo Soberano aprueba moción para pedir nuevos candidatos a magistrados suplentes de Sala Constitucional: proceso podría tardar ocho meses
La fracción de Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobó este miércoles, en el plenario, una moción de orden con la proposición de rechazar la nómina de 18 candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional y exigirle a la Corte Suprema de Justicia que presente una nueva lista de aspirantes a dichos puestos.
Esa moción, aprobada con los votos de los 29 congresistas del partido de gobierno presentes en el plenario, recibió 26 votos negativos de parte de los legisladores del autodenominado bloque democrático, compuesto por el Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
La decisión se tomó por una mayoría de los presentes en el plenario, luego de 11 rondas de votación en las que el oficialismo se ha negado a elegir un solo suplente, de los nueve posibles, tanto la fracción de gobierno del periodo anterior, liderada por Pilar Cisneros, como la actual, que dirige Nogui Acosta.
Ese proceso podría significar un golpe para uno de los tribunales más importantes del país, encargado de tutelar el cumplimiento de los derechos constitucionales de todos los costarricenses, pues no tiene suplentes desde hace siete meses.
Además, el proceso para seleccionar la lista de 18 candidatos que llegó al Congreso en octubre de 2025 se tardó en la Corte casi nueve meses, pues inició en enero de ese año y fue avalada por la Corte Plena recién en setiembre del año pasado, para ser enviada a la Asamblea Legislativa en octubre.
Un nuevo proceso podría durar, precisamente, entre ocho y nueve meses, lo que significa un riesgo para el funcionamiento de la Sala Constitucional.
El argumento de Nogui Acosta, jefe de la fracción oficialista, es que no hay 38 votos para elegir los magistrados suplentes, porque no existe acuerdo político y eso ha generado un impasse de casi un mes y medio en la Asamblea Legislativa.
La falta de acuerdo político se debe a que Pueblo Soberano se ha negado rotundamente a elegir magistrados suplentes para la Sala Constitucional, tribunal que está sin suplencias desde mediados de diciembre.
Esa falta de suplencias implica que, si uno de los siete magistrados propietarios falta, el alto tribunal no puede sesionar y no se podría tramitar ninguno de los asuntos que ahí se conocen: desde los recursos de amparo de los costarricenses que piden un medicamento fundamental para su salud, el adelanto de citas médicas o procedimientos quirúrgicos urgentes para su vida, hasta la tutela de los múltiples derechos humanos que ese tribunal vigila que se respeten.
La moción aprobada por los diputados del gobierno no solo fue cuestionada por la idea en sí, sino también por el trámite que se le dio, pues el bloque opositor señaló que el rechazo de la nómina de las candidaturas se debe hacer por vía de proposición de fondo y no mediante una moción de orden.
Partido de gobierno vuelve a sabotear elección
La moción de orden fue aprobada pasadas las 6 p. m. de este miércoles, luego de que se realizaran dos rondas de votación, la 10.ª y la 11.ª, sin que ningún candidato haya tenido más de los 26 votos de los diputados opositores, mientras que los oficialistas emitieron sus 270 votos en blanco, pues cada uno de los 30 oficialistas que estuvieron en ese momento en el plenario debían elegir nueve suplentes.
De ahí se deriva el argumento de Nogui Acosta de que no es posible lograr un acuerdo político en el plenario para la elección de las magistraturas.
Frente a la propuesta aprobada por el oficialismo, José María Villalta, del Frente Amplio (FA), acusó a Pueblo Soberano de pretender nombrar amigotes, o bien, dejar paralizado un tribunal que tiene, entre sus asuntos, expedientes judiciales relacionados con funcionarios del anterior gobierno y del actual.
“Están ustedes bloqueando el nombramiento de magistrados, perjudicando al pueblo, a la gente que necesita un recurso de amparo, porque quieren tener el control del Poder Judicial y la Sala Constitucional, para garantizar la impunidad de personas del gobierno anterior y de este que han sido cuestionadas, que no prosperen acusaciones y tener el control para la impunidad de cargos cuestionados y que paguen los platos rotos el pueblo”, dijo.