De Crucitas a la Sala IV: el costo nacional de la política del veto
Costa Rica atraviesa una etapa de transición política que muchos actores todavía no terminan de comprender.
Durante gran parte de la Segunda República, el país estuvo estructurado alrededor de grandes partidos capaces de construir acuerdos nacionales. El Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) protagonizaron una alternancia que, con todas sus virtudes y defectos, permitía generar mayorías políticas relativamente estables.
Hoy, la realidad es distinta.
Los partidos tradicionales han perdido parte importante de su influencia, nuevos actores han surgido, el electorado es más independiente y la fragmentación legislativa se convirtió en la norma. Sin embargo, buena parte de la dirigencia política continúa actuando como si aún existieran las condiciones de hace 20 o 30 años.
El resultado es una creciente dificultad para construir acuerdos en temas fundamentales para el país.
Los casos de Crucitas y de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional son dos ejemplos recientes.
En ambos casos, las posiciones parecen haberse convertido en trincheras desde las cuales cada actor busca impedir que el adversario obtenga una victoria política.
La minería en Crucitas ha dejado de ser únicamente una discusión sobre recursos naturales, protección ambiental o desarrollo económico. Se ha convertido en un símbolo de una confrontación política donde cada sector teme que cualquier concesión sea interpretada como una derrota.
Algo similar ocurre con la elección de magistrados suplentes. La discusión ya no parece girar exclusivamente alrededor de los méritos de los candidatos o de las necesidades institucionales de la Sala Constitucional. El centro del debate se ha desplazado hacia cálculos políticos, vetos cruzados y desconfianza mutua.
Esta situación habría preocupado profundamente al politólogo Arend Lijphart.
Lijphart dedicó gran parte de su carrera a estudiar cómo las democracias divididas podían sobrevivir y prosperar. Su conclusión fue sencilla pero poderosa: cuando ninguna fuerza puede gobernar sola, la estabilidad depende de la capacidad para compartir el poder y construir consensos.
La democracia no consiste únicamente en ganar elecciones. También requiere mecanismos para que quienes pierden continúen sintiéndose parte legítima del sistema.
Costa Rica parece estar transitando hacia una lógica distinta.
La política se ha transformado progresivamente en un juego de suma cero donde el éxito del adversario se percibe como una amenaza propia. En este contexto, la obstrucción deja de ser una herramienta excepcional y se convierte en estrategia permanente.
La consecuencia es que los problemas nacionales permanecen sin resolver mientras los actores políticos acumulan victorias tácticas de corto plazo.
Paradójicamente, los propios partidos tradicionales enfrentan hoy las consecuencias de esa transformación.
Hace dos décadas, cuando Óscar Arias afirmó que, sin su candidatura, el PLN podría desaparecer, la afirmación reflejaba una época en que los liderazgos individuales todavía podían determinar el destino electoral de organizaciones enteras.
Posteriormente, los gobiernos de Abel Pacheco, Óscar Arias y Laura Chinchilla mostraron que los partidos seguían siendo las principales plataformas de poder político.
Sin embargo, la realidad actual es diferente. El PLN ya no es el partido dominante que fue durante décadas. El PUSC sobrevivió a una crisis que en algún momento redujo su representación legislativa a niveles mínimos.
Ninguna agrupación política puede asumir hoy que posee un derecho natural a gobernar porque la ciudadanía ha fragmentado el poder y ha distribuido la representación entre múltiples actores.
La respuesta lógica a esta nueva realidad debería ser una mayor disposición al acuerdo. Sin embargo, la reacción predominante ha sido la contraria.
Cada vez más actores buscan compensar su menor fuerza electoral mediante mayores niveles de confrontación política.
El riesgo es evidente. Cuando la política del veto se convierte en la regla, las instituciones dejan de ser espacios para resolver conflictos y pasan a ser escenarios en que los conflictos simplemente se trasladan y prolongan.
Las democracias no fracasan únicamente por la ausencia de elecciones libres. También pueden deteriorarse cuando pierden la capacidad de tomar decisiones colectivas.
Precisamente, Costa Rica afronta hoy ese desafío.
La pregunta no es si deben existir diferencias ideológicas. Las diferencias son normales y necesarias en cualquier democracia.
La verdadera pregunta es si los actores políticos están dispuestos a reconocer que ninguna fuerza posee por sí sola la legitimidad suficiente para definir el rumbo nacional.
La historia demuestra que los periodos de mayor progreso en Costa Rica coincidieron con momentos en que existieron acuerdos amplios sobre objetivos estratégicos compartidos.
La seguridad ciudadana, la infraestructura, la educación, la competitividad, la sostenibilidad fiscal y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales requieren ese tipo de consensos.
El país no necesita unanimidad. Necesita acuerdos mínimos capaces de trascender los ciclos electorales, porque mientras prevalezca la política del veto, los problemas seguirán acumulándose.
Y cuando finalmente se alcance un acuerdo, el costo de la inacción podría resultar mucho más alto que el costo de haber negociado oportunamente.
Quizá la principal lección de este momento histórico sea que Costa Rica ya no puede gobernarse como si existieran las mayorías políticas del pasado.
La nueva realidad exige una nueva cultura política. Una cultura donde ganar no signifique excluir y donde negociar no sea visto como una señal de debilidad, sino como una condición indispensable para gobernar una democracia plural.
rodolfoacon@hotmail.com
Rodolfo Acón Ho es vecino de Curridabat.