En el nombre de Pedro
El juez Santiago Pedraz ha metido el turbo en el procedimiento cloaquero y empiezan a salir datos que habrían de preocupar al Gobierno. Inquietos están, de hecho, y de ahí esta suerte de sondeos «espontáneos» que coinciden en subrayar la preocupación de la ciudadanía ante el lawfare judicial. Seamos serios, en este país la gente no tiene ni idea de que es el lawfare, palabro inventado en los tiempos de la corrupción brasileña a propósito de la investigación sobre las mordidas de la constructora Odebrecht. A Lula le condenaron en tres instancias, pero fue después el Tribunal Supremo Federal, como el TC de aquí, quien le borró las condenas por haberse vulnerado las garantías procesales. Un tribunal en el que eran mayoría los jueces nombrados por el expresidente. Más o menos lo que parece que se está intentando en nuestro país, empezando por el caso del fiscal general seguido de los demás, en especial los que afectan a la familia de Pedro Sánchez.
En la medida en que se «construye» un ambiente de «preocupación» por la actuación de determinados jueces, cualquier decisión o fallo exculpatorio posterior será bien digerido por la ciudadanía. Pero hasta las encuestas «espontaneas» de estos días ponen de manifiesto, leyendo bien la letra pequeña, que la preocupación está precisamente en aquellos órganos judiciales de marcado carácter político, como la Fiscalía, el Consejo o el TC. En realidad, a la gente lo que le preocupa es que los políticos manoseen a los jueces, sólo que los especialistas en mezclarlo todo intentan vendernos que la desazón es motivada por las decisiones de Peinado, Biedma y compañía. Nada pueden decir, y ahí se les cae el relato, de estos otros jueces «no-fachosferos» que, como Puente, Calama o Pedraz, están haciendo lo mismo que los anteriores: trabajar duro para investigar presuntos delitos cometidos por el poder político o sus confluencias.
Por eso debería preocupar a nuestro timonel que cada vez haya más declarantes que insistan en subrayar que Leire trabajaba «en el nombre de Pedro», o «al servicio del One». Lo dijo el martes el guardia Rubén Villalba y ayer el empresario Joaquín Parra. Con diferente intención, probablemente. Villalba se ve que quiere colaborar para evitar que le imputen, y Parra dijo que lo grabó todo, aunque no aportó nada. Igual porque intentó el doble juego de colaborar primero para después retractarse, según deduzco del aluvión de datos que aporta Ángela Poves en estas páginas.
Fue Dolset quien llevó a Parra hasta Leire con la intención de que ayudara en la tarea de echar basura sobre los jueces. Algo que se hizo con ahínco, como relató en su día el fiscal Salvador Viada. La juez Biedma fue vigilada, perseguida y acosada durante meses por esa trama que buscó sus debilidades haciendo preguntas sobre su vida privada y la de sus hijas. En Antena 3 se puso de manifiesto que la cloaca seguía sus movimientos, desde los trayectos al colegio de las niñas hasta sus hobbies y amistades. Hablaron con los vecinos para averiguar con quién se reunía y qué información podrían conseguir sobre ella.
Los cloaqueros habrían hecho incluso uso de la Inteligencia Artificial para generar fotos falsas atribuyéndole un amante, e idearon ponerle una denuncia fake. Hasta fue objeto en ese tiempo de siete requerimientos de Hacienda. Siete en un solo año. Todo desde que empezó a investigar al Hermano. Claro, a Biedma le pareció extraño que se aportara por parte del Ministerio de María Jesús Montero un documento sin membrete oficial ni firma identificable. Lo que no se hace nunca. En este caso sí. El «caso Begoña» está en el origen de todo. Y de ahí el pantanal contra Biedma, y la recomendación del DAO a sus subordinados de “no ser proactivos» y «ponerse de perfil» en los casos de la familia del Uno.