Reglamento emitido por Rodrigo Chaves prohíbe visitas de menores a circuitos de alta contención, pero Laura Fernández impulsa llevar estudiantes al Cacco

El reglamento del circuito de alta contención del sistema penitenciario nacional en Costa Rica prohíbe el ingreso de personas menores de edad como visitantes. Pese a ello, el gobierno de Laura Fernández promueve recorridos de estudiantes al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), ubicado en La Reforma.

Las visitas fueron propuestas por la mandataria Fernández durante la conferencia de prensa semanal del 1.º de julio en Casa Presidencial, cuando anunció que los internos del Cacco vestirán uniforme color naranja y que se les prohibirá recibir indumentaria externa.

“Hagamos unas visitas, don Gabriel (Aguilar, ministro de Justicia), para que los jóvenes de Costa Rica que se están animando a meterse en lo que ya sabemos qué, los va a llevar a vestir ese uniforme; pongan las barbas en remojo. Estamos a tiempo de que no vayan a la cárcel de máxima contención”, manifestó Fernández aquel día.

En la conferencia de prensa semanal del gobierno de este miércoles 15 de julio, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, y el jerarca de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez, defendieron la iniciativa.

“Vamos para adelante con este proyecto que usted nos encomendó, señora presidenta. En conjunto con el señor ministro del MEP, vamos a identificar los colegios y los vamos a llevar”, dijo Aguilar.

¿Qué dice el reglamento?

La norma reglamentaria que prohíbe ese tipo de visitas fue emitida en agosto del 2025 por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves.

El artículo 60 dice: “Las visitas de personas menores de edad se encuentran prohibidas. No obstante, las personas privadas de libertad conservarán el derecho a mantener contacto con sus hijos e hijas menores, lo cual se realizará únicamente mediante la modalidad de videollamada, de conformidad con lo dispuesto en el presente reglamento y sujeto a los requisitos, condiciones y limitaciones allí establecidas".

Durante la conferencia del 15 de julio, el jerarca del MEP defendió que “a los estudiantes también hay que exponerlos a todo tipo de realidad social, económica, ambiental, política, y que, bueno, entiendan cómo funciona el sistema de justicia”, dijo.

Agregó que esta medida ayudaría a que los estudiantes “entiendan que en una sociedad hay leyes, que si estas leyes se rompen, tienen consecuencias para la persona y para la familia”.

“Obviamente, esta estrategia, este método, tiene un componente pedagógico, científico, técnico. No es solo ir a una cárcel. Es un tema pedagógico”.

La presidenta Laura Fernández afirmó que las visitas de estudiantes a centros penitenciarios ya se habían realizado en gobiernos anteriores. Añadió que su administración analiza cómo funcionaban esos programas para valorar la posibilidad de reanudarlos.

MEP ‘respetará ordenamiento jurídico’

Consultado sobre la contradicción entre las visitas que promueve el gobierno y el reglamento, el titular del MEP respondió: “El Ministerio de Educación Pública es respetuoso del ordenamiento jurídico vigente y, por supuesto, cualquier actuación institucional o metodología que eventualmente se implemente se desarrollará en estricto apego a la normativa aplicable”.

En declaraciones dadas a Repretel, Sánchez aseguró que el eventual programa de visitas de estudiantes al Cacco no busca intimidar a los menores, sino prevenir que sean captados por estructuras criminales.

Afirmó que la propuesta planteada por la presidenta Laura Fernández aún debe desarrollarse y que el MEP analizará la evidencia científica disponible y consultará a especialistas antes de definir la metodología.

“Yo, como ministro de Educación, que tengo a cargo a los estudiantes, no voy a improvisar con esto. Esta es una propuesta que lleva consigo una metodología que se debe planificar muy bien”, afirmó.

Sánchez insistió en que el objetivo no será “asustar” a los estudiantes, sino fortalecer su proyecto de vida y reforzar la permanencia en el sistema educativo.

Agregó que la propuesta formará parte de una estrategia preventiva que ya desarrolla el MEP, junto con programas para reducir la exclusión educativa, promover el arte, el deporte y la recreación, y fortalecer iniciativas como los Centros Cívicos por la Paz.

La Nación remitió consultas al Ministerio de Justicia y Paz. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Críticas

La propuesta fue refutada por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR). La entidad considera que la medida resulta inoportuna por tres razones específicas:

• Estigmatiza y criminaliza: Etiquetar a menores de edad por el lugar donde viven viola el principio de no discriminación de la Convención sobre los Derechos del Niño. La pobreza o la violencia comunitaria no son delitos.
• Agrava la vulnerabilidad social: Exponer a la población estudiantil a un entorno penitenciario de máxima seguridad podría generar trauma, deserción escolar y mayor riesgo de vinculación con redes delictivas, en lugar de prevenirlos.
• Invierte el enfoque de derechos: La seguridad se construye al garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia sin importar su origen, sexo, religión o condición socioeconómica, y al asegurar su acceso a servicios esenciales como salud, nutrición y educación.

En tanto, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) señaló que cualquier iniciativa preventiva dirigida a menores de edad debe analizarse bajo un enfoque de derechos.

“La selección de personas menores de edad para participar en una actividad preventiva no debe realizarse con base en el lugar donde residen o estudian, ya que ello podría generar procesos de etiquetamiento o reforzar estereotipos que asocien determinadas comunidades con conductas delictivas, lo cual resulta contrario al principio de igualdad y no discriminación que tutela el ordenamiento jurídico", indicó la institución.