Operación Salida con mayor mortalidad y dudas sobre las multas
La pasada Operación Salida de primeros de este agosto y la que viene el próximo fin de semana están marcadas por un dato preocupante. Datos de la propia Dirección General de Tráfico (DGT) señalan que junio ha sido el mes con mayor mortalidad en carretera desde 2010, con 142 personas fallecidas en 123 siniestros mortales, 51 víctimas más que en el mismo mes del año pasado.
Este incremento se ha producido, además, en un contexto de mayor movilidad. Solo durante junio se registraron 42,8 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 3 % más que en 2025. La propia DGT señala que el aumento de la siniestralidad se concentra principalmente en las carreteras convencionales, donde fallecieron 111 personas, frente a las 58 registradas un año antes. También destaca el incremento de las salidas de vía y de las colisiones frontales, así como la aparición de varios accidentes con tres o más víctimas mortales.
Ante esta situación, resulta previsible que este verano haya aumentado la vigilancia mediante radares, controles de velocidad y campañas específicas para reducir la siniestralidad. Sin embargo, la empresa de defensa de automovilistas Pyramid Consulting insiste en que el incremento de los controles no elimina la obligación de la Administración de respetar todas las garantías legales del procedimiento sancionador. Por ello, sus abogados señalan las situaciones en las que una multa puede ser anulada. Por ejemplo, cuando la prueba no acredita realmente la infracción. No basta con que una fotografía muestre la matrícula del vehículo. Para que una sanción por exceso de velocidad pueda mantenerse, la prueba debe permitir acreditar con claridad las circunstancias en las que supuestamente se produjo la infracción.
En este sentido, la normativa exige que el expediente incorpore dos imágenes tomadas desde posiciones diferentes, de forma que permitan identificar correctamente el vehículo y contextualizar la infracción. No es suficiente con presentar una ampliación o recorte de una misma fotografía ya que ambas imágenes deben aportar información complementaria.
Un ejemplo reciente lo encontramos en una sentencia obtenida por Pyramid en la que un juzgado anuló una multa por exceso de velocidad porque la imagen aportada era prácticamente oscura y no permitía identificar correctamente la vía, el carril de circulación, las condiciones del tráfico ni otros elementos esenciales para acreditar la infracción. El tribunal concluyó que existía una insuficiencia de actividad probatoria y dejó sin efecto la sanción.
También debe asegurarse de la correcta aplicación de los márgenes de error. Los radares están sometidos a ellos, establecidos por la normativa metrológica y su correcta aplicación puede resultar determinante cuando la velocidad registrada se encuentra próxima al límite sancionable. El margen de error puede llegar en algunos casos hasta el 7% en el caso de algunos radares móviles.
En otra resolución favorable obtenida por los abogados de esta empresa, un juzgado anuló una sanción porque la Administración ni siquiera respondió a la alegación formulada sobre la aplicación de estos márgenes, vulnerando el deber de motivación de las resoluciones administrativas.
Hay que asegurarse asimismo de que el procedimiento respete las garantías del conductor. No todas las anulaciones tienen su origen en el funcionamiento de un radar. En muchas ocasiones, el problema está en la propia tramitación administrativa. Recientemente se ha distado una sentencia favorable en la que un juzgado anuló una multa por rebasar un semáforo en rojo al comprobar que el segundo intento de notificación se había realizado fuera de plazo.