Islandia vuelve a mirar hacia la Unión Europea
Durante más de diez años, la adhesión de Islandia a la Unión Europea (UE) desapareció prácticamente del debate político nacional. Tras la retirada oficial de la candidatura en 2015 por el Gobierno conservador, el país nórdico dio por cerrada una discusión que había monopolizado buena parte de la agenda pública desde la crisis financiera de 2008. La prioridad pasó a ser la recuperación económica y el crecimiento, mientras Bruselas dejaba de ocupar titulares en Reikiavik.
Sin embargo, esa etapa parece haber llegado a su fin. El próximo 29 de agosto, los islandeses volverán a pronunciarse sobre Europa en un referéndum que, aunque no decidirá la adhesión a la Unión Europea, sí marcará el futuro de las relaciones entre la isla y Bruselas. La consulta preguntará únicamente si el Gobierno debe reabrir unas negociaciones interrumpidas hace más de una década, pero el debate político que ha desencadenado va mucho más allá de esa cuestión técnica. En realidad, refleja una discusión más profunda sobre el modelo económico del país, su papel en un mundo cada vez más inestable y la manera en que un Estado de apenas 400.000 habitantes puede proteger mejor su prosperidad y su independencia.
El regreso del debate europeo responde, en primer lugar, a razones internas. Durante los últimos años, la economía islandesa ha mostrado síntomas de fortaleza, impulsada por el turismo, la pesca y las energías renovables, pero también ha tenido que afrontar una inflación persistente y unos tipos de interés elevados que han encarecido las hipotecas y reducido el poder adquisitivo de muchas familias. La volatilidad de la corona islandesa, una moneda pequeña y muy expuesta a los mercados internacionales, ha reabierto además un viejo debate sobre si el país dispone de suficientes herramientas para afrontar futuras crisis económicas.
Precisamente, esas preocupaciones explican buena parte del cambio de actitud de la opinión pública. Para muchos islandeses, el ingreso en la Unión Europea ha dejado de ser una cuestión exclusivamente ideológica para convertirse en un debate eminentemente práctico. Los partidarios de volver a negociar consideran que una eventual adhesión podría aportar una mayor estabilidad económica, facilitar el acceso a los mercados financieros y otorgar al país una mayor influencia en las decisiones europeas, que ya le afectan como miembro del Espacio Económico Europeo (EEE). Argumentan que Islandia aplica una parte muy importante de la legislación comunitaria sin participar en su elaboración y que ha llegado el momento de valorar si esa situación sigue siendo la más conveniente.
Frente a ellos, los detractores mantienen que la pertenencia a la Unión Europea supondría una cesión innecesaria de soberanía para este pequeño país del Atlántico Norte que ha construido buena parte de su identidad política precisamente sobre el control de sus propios recursos y de sus decisiones económicas. La pesca continúa siendo el principal símbolo de esa posición. No solo representa uno de los pilares de la economía nacional, sino también un elemento profundamente arraigado en la memoria colectiva desde las denominadas guerras del bacalao con Reino Unido durante las décadas de 1950 y 1970. Cualquier posibilidad de que Bruselas pudiera influir en la gestión de los caladeros sigue despertando recelos en amplios sectores de la sociedad islandesa.
A esa dimensión económica e identitaria se suma ahora un contexto internacional muy distinto al que existía cuando Islandia presentó su candidatura en 2009. La invasión rusa de Ucrania, la creciente importancia estratégica del Ártico, el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN y la incertidumbre sobre la evolución del vínculo transatlántico han reforzado el debate sobre cómo debe posicionarse el país en un escenario cada vez más competitivo. Aunque Islandia carece de ejército, su ubicación en el Atlántico Norte la convierte en un enclave estratégico para la seguridad europea y norteamericana, un factor que ha adquirido una relevancia creciente en los últimos años.
Las encuestas publicadas durante la campaña reflejan un país dividido, aunque con una ligera ventaja para quienes apoyan la reapertura de las negociaciones con Bruselas. No obstante, el margen continúa siendo estrecho y el elevado número de indecisos convierte el resultado del referéndum en una incógnita. También existen diferencias generacionales y territoriales: los votantes más jóvenes y los residentes en el área metropolitana de Reikiavik muestran una mayor predisposición a explorar la vía europea, mientras que el respaldo a mantener el actual «statu quo» es más fuerte entre parte del electorado de las zonas pesqueras y rurales.
Sea cual sea el desenlace de la consulta, el simple hecho de que Islandia vuelva a debatir públicamente sobre la Unión Europea ya constituye un cambio político de primer orden. Durante una década, la adhesión pareció una cuestión definitivamente archivada. Hoy vuelve a ocupar el centro de la agenda nacional. Y eso dice tanto sobre la evolución de la sociedad islandesa como sobre un mundo que ha cambiado profundamente desde que Reikiavik llamó por primera vez a la puerta de Bruselas.