Mesa Directiva debe corregir desorden en oficinas congresales ya
En el referéndum del 2018, el 90% de los peruanos votó en contra del retorno al bicameralismo. El Congreso, en un pacto liderado por el fujimorismo, lo aprobó de todas formas en 2024, de espaldas a esa decisión ciudadana. Desde entonces, el plazo para preparar las instalaciones era conocido, el presupuesto existía y el mandato era claro. Y sin embargo, los propios diputados que asumieron funciones hace 21 días descubren que las oficinas no están operativas, que los correos institucionales no fueron entregados y que la oficialía mayor, el aparato administrativo del Congreso, no resolvió problemas básicos que cualquier organización habría tenido listos con semanas de anticipación. El bicameralismo que nadie votó llegó además sin condiciones para funcionar.
Eso tiene consecuencias concretas que van más allá de la incomodidad. Un diputado que no tiene correo institucional no puede comunicarse formalmente con otros poderes del Estado. Un parlamentario sin oficina operativa no puede atender asesores, recibir ciudadanos ni procesar la documentación que su cargo exige. Para muchos de los nuevos diputados este es además su primer ejercicio parlamentario, y arrancar sin las herramientas mínimas no solo los perjudica a ellos sino al trabajo que los ciudadanos esperan que hagan desde el primer día.
El mismo aparato burocrático que presupuestó y ejecutó el gasto de planillas que se duplicó a S/906 millones en cinco años es el que no tuvo las instalaciones listas para el 28 de julio, como lo prometieron. La coincidencia merece una pregunta directa: en qué se gastó el presupuesto destinado a la adecuación del bicameralismo y quiénes son los responsables de la demora. En ese sentido, la Mesa Directiva presidida por Miguel Torres de Fuerza Popular en el Senado tiene la obligación de ordenar una auditoría y de actuar con la celeridad que se exige en cualquier ambiente de gestión profesional.
La eficiencia en la gestión pública no es opcional, menos cuando los recursos existen, el plazo era conocido y los parlamentarios que deben legislar para el país todavía esperan que alguien les encienda la computadora.