El ex jefe de gabinete de Sánchez exige su móvil de vuelta e insiste en tumbar el volcado policial
Juan Manuel Serrano Quintana, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, exige al magistrado instructor del «caso de las cloacas del PSOE», Santiago Pedraz, que le devuelva el teléfono móvil que le fue incautado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el pasado mayo, y que fue volcado finalmente por segunda vez entre el pasado martes y miércoles.
El que fuera también presidente de Correos reclamó en un escrito, con fecha del pasado jueves al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que le fuera entregado su iPhone 15 Pro Max, tras concluir la operación de clonado de su contenido y habiendo quedado el dispositivo depositado en dependencias de la Audiencia Nacional (AN).
Serrano alude para reforzar su petición que los agentes «confirmaron que el dispositivo ya no les es necesario a efectos de la investigación» contra la presunta trama dirigida a «desestabilizar» investigaciones judiciales y policiales que afectan al PSOE y al entorno personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Por otro lado, este diario ha podido confirmar con fuentes jurídicas conocedoras del procedimiento que el siguiente paso de la defensa del dirigente socialista, que lidera el penalista Bernardo del Rosal, será recurrir ante la instancia superior al juez Pedraz la desestimación de sus alegaciones contra el copiado y la autorización ofrecida a la UCO para llevar a cabo uno nuevo.
Por lo que será la Sala de lo Penal de la AN la que tenga que analizar si avala o anula la decisión tomada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN sobre la mencionada pesquisa de carácter tecnológico y referente a las comunicaciones de este antiguo «hombre fuerte» de Sánchez. En el recurso de apelación que próximamente interpondrá hará valer idénticos argumentos previamente expuestos en sus escritos, tal y como trasladan las mencionadas fuentes.
La defensa de Serrano sostiene que la UCO le intervino su teléfono el 27 de mayo sin una autorización judicial expresa para hacerlo. Aquel día, en un encuentro con los agentes en el entorno de la calle Ponzano de Madrid, fue informado de que estaba siendo investigado, aunque no quedó detenido.
Según los escritos remitidos al juez Pedraz, los investigadores le leyeron sus derechos y le pidieron el móvil, el PIN y la clave de acceso. Sin embargo, su abogado afirma que el instructor nunca ordenó que le fuera comunicada su nueva condición procesal en la causa sobre el supuesto entramado que habría liderado Santos Cerdán con la ayuda de Leire Díez.
La impugnación se centra también en el análisis del dispositivo. Tras su imputación formal el 10 de julio, la UCO volcó el contenido del teléfono los días 14 y 15 sin la presencia de Serrano ni de su letrado, pese a que el auto judicial imponía esa asistencia como condición de validez.
La Policía Judicial atribuyó esa ausencia a un «error» y, en consecuencia, Pedraz citó el pasado martes a Serrano y a su abogado para verificar la copia realizada por los agentes y comprobar la identificación del terminal. En ese señalamiento, el instructor decidió no incorporar el material al sumario y ordenó un nuevo clonado en sede judicial, esta vez con él y su defensa presentes.
En aquella vista, el magistrado valoró las alegaciones que Serrano ya había presentado por escrito el pasado 31 de julio.
La defensa pidió la devolución inmediata del teléfono, que estaba bajo custodia en la Audiencia Nacional, y que se impidiese cualquier nuevo acceso o análisis policial. A su juicio, el nuevo volcado acordado el martes «no podía convalidar lo que nació viciado» ni corregir la vulneración del requisito de presencia que el propio juez había fijado.
El juez Pedraz tampoco accedió a la petición subsidiaria de que, en caso de plantear un nuevo clonado, se celebrase una vista a fin de valorar la necesidad y proporcionalidad de la medida.
En un auto, Pedraz asumió la explicación ofrecida por la Policía Judicial y calificó lo ocurrido de «error involuntario». El juez subrayó que la ley «no exige» que el titular de un dispositivo o su abogado estén presentes durante el volcado y precisó que él había introducido ese requisito «para mayor garantía». Valoró que cuando la UCO advirtió el fallo, remitió la copia en bruto al juzgado.