Otoño, la última bala para los socios de Sánchez en el Congreso de los Diputados
A partir de mañana y con la llegada de septiembre arranca el nuevo curso político en el Congreso de los Diputados y las distintas formaciones se van a apresurar para alcanzar cuanto antes una velocidad de crucero con la que intentar sacar adelante sus principales medidas. Otoño va a ser la temporada clave, la última bala. Principalmente, porque a finales de año se espera que tenga lugar el debate sobre los Presupuestos, que paralizará las demás tramitaciones, y en cuanto se llegue a 2027 todas las formaciones van a activar el modo electoral.
Todo lo que no se apruebe antes será casi imposible de materializar esta legislatura. Por eso, los socios de investidura de Pedro Sánchez tienen un especial interés en hacer que este tiempo cuente.
En el flanco izquierdo, los partidos van a intentar aprovechar para colocar algunos de sus principales reclamos. Temen que su cercanía a un Gobierno en estado crítico les pueda lastrar electoralmente y van a apostar por intentar aprobar medidas de carácter social, como aquellas relativas a la crisis de la vivienda. También hay otras leyes importantes, por ejemplo la reforma de los aspectos que consideran más perjudiciales de la llamada "ley mordaza", que están entre sus prioridades. Que culmine la legislatura y que la norma siga siendo exactamente la misma que se aprobó durante el mandato de Mariano Rajoy es una pésima carta de presentación electoral.
En el área de los nacionalistas, el PNV está especialmente interesado en que salga adelante la reforma de la "ley de secretos oficiales". Se trata de uno de los acuerdos que alcanzó con Sánchez y un reclamo que llevan pidiendo los vascos desde hace diez años. En julio de 2025, el Gobierno presentó un proyecto de ley que alegró a los nacionalistas, pero desde entonces no se ha producido ningún avance. PSOE y Sumar en el Congreso han estado votando constantemente desde entonces la ampliación del plazo de enmiendas, lo que ha impedido que siga con la tramitación parlamentaria.
Para Junts, ahora su principal prioridad (al menos estos días) es la transferencia de las competencias migratorias a Cataluña. Los independentistas registraron una ley en solitario la semana pasada, zafándose de su acuerdo con el PSOE, y pretenden que el Congreso le dé luz verde. Su problema es que Podemos, que ya votó en contra de esta norma en el pasado, sigue sin verlo demasiado claro. Los morados siguen creyendo que tiene un trasfondo racista, por mucho que la exposición de motivos haya cambiado. Sin embargo, sí se han ofrecido a sentarse a negociar sobre ella y ya no piden tan explícitamente como hacían antes la derogación de la Ley de Extranjería.