En octubre de 2013, el entonces director general de Formación de la Junta de Andalucía, Carlos Cañavate, admitió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una anomalía contable sin precedentes: el Gobierno autonómico del PSOE acumulaba 950 millones de euros en ayudas públicas pendientes de justificar y sin haber iniciado los expedientes de reintegro obligatorios. Ahora, un atestado policial de 35 páginas al que ha accedido ABC concluye que este colosal agujero no fue fruto de la incompetencia administrativa, sino de una maquinaria orquestada por decenas de altos cargos y funcionarios bajo los gobiernos del PSOE andaluz —al menos entre los años 2009 y 2012— para repartir subvenciones millonarias de Formación Profesional para el Empleo burlando sistemáticamente...
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