El Gobierno de Estados Unidos ha tenido que implicarse directamente, incluso a través de su Departamento de Defensa, en un nuevo plan petrolero para Venezuela con el fin de intentar dar garantías adicionales al sector privado internacional, dada la evidencia de que los grandes grupos energéticos siguen sin fiarse de la seguridad jurídica que puede ofrecerles el ecosistema político y económico chavista. Por su parte, la cúpula chavista ha debido otorgar mayores concesiones petroleras a Washington –el acceso a una quinta parte de sus reservas nacionales de crudo–, porque de la llegada de inversiones exteriores depende su propia supervivencia política. Dada la falta de un acuerdo con Irán sobre el normal flujo de hidrocarburos a través del estrecho de Ormuz,...
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