El coste de la deuda pública amenaza con convertirse en uno de los principales condicionantes de la política económica española durante los próximos años. Funcas calcula que l a factura por intereses podría superar los 60.000 millones de euros en 2030, casi un 50 por ciento más que en 2025. La combinación de unos tipos más elevados, la refinanciación de deuda emitida en condiciones mucho más favorables y la persistencia de nuevos déficits configura un escenario que debería obligar al Gobierno a revisar sus prioridades presupuestarias. Incluso bajo la hipótesis relativamente benigna de que los tipos permanecieran en los niveles de 2025, los intereses alcanzarían unos 57.000 millones en 2030, 17.000 millones más. Algo más de 8.000 millones procederían del coste de la nueva deuda necesaria para financiar los déficits previstos y el resto, fundamentalmente, de sustituir deuda que vence por nuevas emisiones más caras. Si los tipos aumentasen medio punto adicional, la factura rebasaría los 60.000 millones. No se trata, por tanto, de una perturbación coyuntural, sino de un deterioro que irá incorporándose progresivamente a las cuentas públicas. El problema adquiere mayor gravedad porque coincide con un contexto internacional adverso. Las tensiones geopolíticas han vuelto a impulsar la inflación y las rentabilidades de la deuda soberana. El bono español a diez años ronda ya el 3,8 por ciento, según el informe , medio punto más que a comienzos del ejercicio. Al mismo tiempo, los Estados afrontan necesidades crecientes de gasto en defensa, envejecimiento e inversión. Los mercados empiezan a exigir una remuneración superior precisamente cuando las necesidades financieras aumentan. España afronta este cambio de escenario con una vulnerabilidad añadida: la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo no aprueba unas nuevas cuentas desde la anterior legislatura, lo que limita su capacidad para adaptar ingresos y gastos a unas circunstancias económicas sustancialmente distintas. Funcas advierte además de que, a políticas constantes, el mayor gasto financiero impedirá reducir el déficit público por debajo del 3 por ciento durante los próximos años, incluso si continúa la expansión económica. Este es el aspecto esencial. Durante demasiado tiempo, el crecimiento nominal y las favorables condiciones financieras han permitido posponer decisiones difíciles. Pero los intereses son gasto público que no mejora servicios, no eleva la productividad ni financia nuevas infraestructuras: remunera obligaciones previamente contraídas. Cada incremento de esa partida reduce el espacio disponible para educación, sanidad, defensa, inversión o rebajas fiscales. España debe aprovechar el crecimiento para reducir de manera estructural el déficit y contener la deuda. Eso exige presupuestos creíbles, disciplina en el gasto y reformas que eleven la productividad, no confiar indefinidamente en que el aumento del PIB resolverá los desequilibrios. La advertencia de Funcas merece ser atendida: sanear las cuentas durante la expansión no es una imposición contable, sino la condición necesaria para que el Estado conserve capacidad de respuesta cuando llegue la próxima crisis.
