El desfase que históricamente hemos sufrido entre la aprobación de las leyes de dependencia y la llegada efectiva de los fondos y las ayudas a quienes las necesitan obliga a extremar la prudencia ante cualquier nuevo anuncio. La reforma de la ley dependencia que ha superado en el Congreso su último trámite legislativo es una medida ambiciosa cuyos efectos podremos valorar cuando se traduzcan en mejoras reales. La reforma amplía derechos y prestaciones, pero su aplicación requiere recursos y, por tanto, el esfuerzo financiero tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Sin una previsión presupuestaria que se haga efectiva y sin garantías de que esos fondos llegarán en tiempo y forma, buena parte de lo anunciado corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones. España ya ha conocido compromisos sociales cuyo cumplimiento se demoró durante años, mientras miles de dependientes aguardaban una ayuda que no llegaba. Los dependientes necesitan prestaciones concretas, no anuncios. Sin financiación garantizada en unos presupuestos generales , cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en propaganda.
