El atentado presidencial del 15 de setiembre de 1894

Costa Rica ha tenido momentos de efervescencia política cuando líderes autoritarios quisieron controlarlo todo, de forma que provocaron divisiones sociales que cuajaron en odios irracionales. Uno de esos momentos fue el atentado contra el presidente el 15 de setiembre de 1894.

Rafael Iglesias llegó a la presidencia de Costa Rica en 1894, gracias a su suegro, José Joaquín Rodríguez, quien gobernó el país de 1890 a 1894 con un marcado autoritarismo.

Como lo estudió Orlando Salazar, en las elecciones de primer grado, el 4 y el 6 de febrero de 1894, el Partido Unión Católica barrió al partido de Iglesias, pero Rodríguez hizo que las asambleas electorales de provincia anularan los resultados electorales en aquellos lugares donde los católicos habían arrasado.

Luego, el gobierno acusó a la Unión Católica de fraguar una conspiración, metió en prisión a sus líderes y suspendió las garantías individuales.

Así, en las elecciones de segundo grado del 1.° de abril de 1894, sin competencia, Iglesias y su Partido Civil obtuvieron el triunfo.

Unos meses después, mientras se celebraban las fiestas de la Independencia en La Sabana con la participación del presidente, se apareció un sujeto de nombre Nicanor Araya, quien le habría disparado cinco tiros a quemarropa a Iglesias, pero con muy mala puntería.

Luego de la confusión, fueron apresados más de 20 hombres, incluyendo a Araya. En los días siguientes, dice la historia, se culpó a Félix Arcadio Montero, el caudillo del Partido Independiente Demócrata, de ser el autor intelectual del atentado.

Montero habría participado en la movilización por la democracia del 7 de noviembre de 1889 y se cree que fue un activo diputado en contra del suegro de Iglesias durante el periodo 1890-1892.

En ese último año, Rodríguez lo expulsó del país hacia Guatemala, de donde se supone que volvió más combativo, en setiembre de 1893.

La historiografía costarricense ha considerado la acusación contra Montero como un montaje de Iglesias, como un “autoatentado para deshacerse de los principales líderes de la oposición”.

¿Realmente fue así?

El complot

El fiscal Dionisio Arias realizó una investigación que produjo un almácigo de documentos y testimonios, del cual podemos sacar algunas evidencias y una conclusión, aunque los nombres de los entrevistados no se mencionarán en este artículo, ya que no importan para efectos del argumento central.

Según se desprende de las declaraciones, el plan para asesinar a Iglesias fue pospuesto en varias ocasiones porque los organizadores no habían encontrado la oportunidad para actuar.

Algunos de los indiciados declararon haber sido invitados a unirse al atentado por parte de conocidos seguidores de Montero, o bien que les ofrecieron dinero para ejecutar a Iglesias.

La idea no era dispararle al presidente, sino a su caballo; una vez en el suelo, matarían a Iglesias con un cuchillo fabricado para ese fin en un taller de Mata Redonda.

Al ser entrevistado por el fiscal, el indiciado Nicanor Araya señaló que él había actuado solo y que le disparó al presidente Iglesias “espontáneamente y sin instigación de nadie”.

Pero el fiscal descubrió que, en 1893, Araya se había ido a vivir a Naranjo, donde trabajó en una milpa y un aserradero y habría compartido al menos tres meses de su vida con Montero, quien estuvo instalado en la casa de la mamá de Araya.

Otra persona señaló que, en el Cuartel de Policía, al ponerle los grillos, Araya había exclamado “que, ya que él no había matado a don Rafael Iglesias, otro lo mataría”.

Ese testimonio fue confirmado por otro encarcelado, quien declaró haber escuchado a Araya decir lo mismo.

Uno de los entrevistados fue el dueño del taller donde se fabricó el puñal para ultimar a Iglesias, quien citó varios nombres de personas que se habían reunido el 14 de setiembre en el sitio donde un día después se atentó contra el presidente.

Asimismo, confesó haber trabajado en un puñal para matar a Iglesias, el cual le fue encargado por dos de los sospechosos, y narró que los conjurados tenían dinamita, cápsulas de fusil Remington, y que, junto con Montero, se habrían rifado “con el nudo de un pañuelo” la elección de quién debía matar al presidente.

Los conspiradores

Todos los datos sobre los intentos fallidos fueron confirmados por otro hombre cercano a Montero, quien incluso completó la lista de los involucrados en esos planes y certificó que, al morir Iglesias, su cometido era declarar presidente a Montero.

Los vínculos entre Araya y Montero fueron confirmados por otros testigos, a pesar de ser esquivos en las preguntas hechas por el fiscal y pese a indicar que desconocían sobre cualquier tipo de grupo dedicado a complotar contra el presidente.

De las decenas de declaraciones que tomó el fiscal Arias, se desprende que el atentado del 15 de setiembre fue la culminación de una serie de intentos por deshacerse del presidente Iglesias.

La Fiscalía comprobó, con testimonios de personas originarias de Naranjo, Cartago y Santo Domingo, las asociaciones que se tejieron en esos lugares para financiar y ejecutar los planes.

En esa conspiración participaron integrantes de las élites josefina, alajuelense, herediana y cartaginesa y también eclesiásticos, pero convencieron a peones de fincas para que ellos emprendieran el atentado.

Según otro testigo, el 18 de setiembre habría escuchado a Montero lamentarse de que sus partidarios no hubieran actuado con decisión el día del atentado.

Juicio y muerte

En 1895, Montero fue procesado por rebelión y sentenciado a abandonar el país. Junto a su familia, zarpó de Costa Rica el 18 de noviembre de 1895 con rumbo a Jamaica, desde donde se trasladó a Barcelona.

De ahí intentó regresar a Centroamérica en 1897; se embarcó el 3 de mayo en Barcelona con rumbo a Colón, para pasar a Panamá y de ahí se dirigió a Acajutla, en El Salvador, donde enfermó de fiebre amarilla. Murió en altamar el 5 de junio y su cuerpo fue lanzado al mar.

El atentado de setiembre de 1894, en todo caso, fue una perfecta excusa para que Iglesias apretara la soga a sus enemigos políticos y gobernara con puño de hierro por ocho años seguidos, a pesar de que la Constitución lo prohibía.

Fueron años muy difíciles para el país, en medio de una seria crisis económica, con presos políticos e intentonas de golpes de Estado a la vuelta de la esquina. Y aunque lo intentó, Iglesias no pudo volver a ser presidente.

david.diaz@ucr.ac.cr

David Díaz Arias es profesor catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica (UCR).