El Gobierno llega al Congreso con dos decretos sobre vivienda que pretenden reforzar la protección de los inquilinos y de los hogares vulnerables. El primero amplía hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios, prorroga contratos vigentes y regula alquileres de temporada y por habitaciones. El segundo plantea la renovación automática de contratos. La intención declarada es proteger al arrendatario, pero la cuestión es otra: qué efecto tendrán estas garantías sobre quienes deben poner una vivienda en alquiler. El mercado responde a los incentivos. Si para el propietario aumentan la incertidumbre, las obligaciones o la dificultad para recuperar su vivienda ante un impago, una parte puede optar por no alquilar, vender o mantenerla vacía. No significa que cada medida produzca...
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