Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se regía por un principio no escrito pero escrupulosamente respetado: la deferencia institucional. Los requerimientos de los tribunales al Gobierno se tramitaban con la celeridad que exige el respeto a la separación de poderes y el acatamiento de las resoluciones judiciales no era una opción, sino el pilar sobre el que descansa el Estado de derecho. El Ejecutivo respetaba a la justicia como garante última de las reglas del juego. Hoy, sin embargo, la crónica de los tribunales refleja un cambio de paradigma preocupante. La acumulación de ultimátums, apercibimientos y amenazas de multas coercitivas por parte de las más altas instancias...
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