El fiscal mantiene su petición de diez años de inhabilitación para Artur Mas
La Fiscalía ha mantenido su petición de diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y nueve para las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia y prevaricación, al seguir con la consulta del 9-N tras su suspensión por el Tribunal Constitucional. En el trámite de conclusiones, que inicia la recta final del juicio que se está celebrando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha elevado a definitiva su petición de condena.
Este jueves han declarado en el tribunal varios voluntarios de la consulta, que han desvinculado al Govern de la gestión de la jornada de votación, aunque han afirmado que desconocían los detalles de la organización y sus preparativos, así como quién estaba detrás del teléfono que centralizaba el escrutinio y solventaba incidencias.
Con un relato casi idéntico, los voluntarios que han testificado en el juicio, todos ellos a propuesta de la defensa de Joana Ortega, han asegurado que se inscribieron en la web www.participa2014.cat, que fue la que les asignó su labor concreta, ya fuera como coordinadores de punto de votación, como presidentes de mesa o como suplentes, entre otras funciones.
Los voluntarios han explicado que el 9 de noviembre de 2014, cuando llegaron al punto de votación, se encontraron todo el material -como urnas y papeletas- ya dispuesto y los ordenadores para la consulta a punto, y todos ellos han asegurado que desconocían cómo y cuándo se habían distribuido.
Los testigos han negado que recibieran instrucciones de la Generalitat, y que únicamente se les facilitó un manual detallando su función en aquella jornada y un número de teléfono al que debían llamar a mediodía para informar sobre los datos de participación y al finalizar la jornada, para comunicar el escrutinio.
Los voluntarios han asegurado que no sabían quién había detrás de este número de teléfono, si bien una de las voluntarias, que coordinó la votación en el instituto Carles Rahola de Girona, ha indicado que suponía que correspondía al centro de coordinación "donde estaba David Fernández", el exdiputado de la CUP.
La jornada del 9-N, David Fernández ejerció de voluntario recopilando datos de participación y escrutinio en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, dependiente de la Generalitat, donde una vez finalizada la votación se abrazó a Artur Mas, que había acudido a agradecer la labor de los voluntarios, protagonizando una de las imágenes icónicas de la jornada.
Los voluntarios han coincidido en su testifical en que durante el 9-N no vieron a ningún funcionario o empleado de la Generalitat trabajando con motivo de la consulta y que desconocían si había algún teléfono al que llamar en caso de incidencia técnica.
En la misma línea se ha manifestado otro voluntario del punto de votación en el IES Pere Vila de Barcelona. "No había ningún apoyo de la Generalitat ni de ningún tipo", ha dicho tras aclarar que él no dispuso de ningún número de teléfono para incidencias técnicas.
El también voluntario Joan Vallé, que fue eurodiputado de CiU y que el 9-N fue vocal de mesa en Esplugues de Llobregat (Barcelona), ha indicado que en toda la documentación recibida para la votación no figuraba el escudo de la Generalitat.
La carta de la delegada del Gobierno
Ante el tribunal también ha testificado, a propuesta de las defensas, la alcaldesa de Vilanant (Girona), Anna Palet, que ha explicado que el consistorio cedió un local municipal para acoger la votación en esta localidad, de 400 habitantes.
La alcaldesa ha asegurado que tras la suspensión de la votación del 9-N por parte del Constitucional no recibieron ningún advertencia por parte de la fiscalía ni de los tribunales sobre las consecuencias legales que afrontaban si cedían el local.
No obstante, el fiscal Emilio Sánchez Ulled le ha preguntado si recibieron alguna carta de la entonces delegada del Gobierno en Cataluña advirtiendo de la ilegalidad del 9-N, ante lo que ha asegurado que sí pero que no recordaba si era un requerimiento.
La alcaldesa también ha asegurado desconocer quién llevó el material como las urnas, papeletas y el ordenador con el sistema informático para la votación en el local municipal donde se celebró el 9-N, aunque sí ha confirmado que lo recibieron dos días antes, cuando el Constitucional ya había suspendido la consulta.
Por su parte, la exdiputada de ERC Gemma Calvet -la única política cercana a los republicanos que ha comparecido hasta el momento en el juicio-, ha asegurado que tras la conversión de la consulta inicial a un proceso de participación el 9-N quedó en manos de voluntarios, por lo que, ha espetado, el juicio tendría que haberse dirigido "contra" los 2,3 millones de votantes.
"A partir del 4 de noviembre todo descansó ya en los voluntarios y en las entidades" como Òmnium Cultural o la ANC, ha indicado.
Calvet, que ha comparecido como testigo de las defensas, ha sido interrumpida en varias ocasiones por el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, que le insistía en que se ciñera a responder las preguntas concretas sin entrar en valoraciones políticas, dado que la exdiputada y tertuliana habitual insistía en defender ante la sala la necesidad de un referéndum de independencia en Cataluña.
Por su parte, el exjefe de prensa de Joana Ortega ha asegurado que Ortega le insistió con motivo de la consulta en que tenía que mandar un doble mensaje: que todo sería legal y que se haría bien.
Y ha añadido que cuando el TC suspendió la consulta le indicaron que no se podía implicar a los funcionarios en la organización al estar a la expectativa de la aclaración que el Govern solicitó para que el alto tribunal precisara el alcance de su prohibición.
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