El GGPJ pide un juzgado especializado en cláusulas suelo en cada provincia
De este modo, explica el órgano judicial en una nota, se reducirá la previsible sobrecarga de trabajo derivada del aumento de litigios tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las cláusulas suelo.
El CGPJ valora las medidas adoptadas por el Gobierno de protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo, que permitirá que en muchos casos no se llegue a la vía judicial.
Pero tras la sentencia del TJUE cabe esperar un aumento de demandas, a las que hay que sumar las que ya están abiertas, y ese eso podría provocar el colapso de los juzgados, al retrasar otros asuntos pendientes.
La propuesta del CGPJ consiste en que en cada provincia se especialice de manera exclusiva, pero no excluyente, un juzgado de primera instancia, que se ocupe de las acciones individuales, una posibilidad contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Para poner en marcha esta iniciativa, ya hay convocada una reunión el 15 de febrero con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y con las juntas sectoriales de jueces y magistrados; más tarde, el 21 de febrero, se mantendrá otro encuentro con los jueces decanos, con la idea de que esté en marcha el 1 de junio.
Los juzgados podrán presentarse voluntariamente para este cometido, y en caso de que haya varios candidatos se elegirá al mas adecuado.
Para que el sistema sea más eficaz, está previsto que se adscriba al juzgado correspondiente uno o varios jueces de adscripción territorial (JAT), que recibirían formación específica.
También se contempla el nombramiento de letrados de la administración de justicia y de funcionarios por parte de las administraciones competentes, así como la asignación de medios materiales.
En su nota, el CGPJ recuerda que ya quedaron patentes las ventajas de los juzgados especializados con la creación de órganos judiciales centrados en la comercialización de productos híbridos financieros (preferentes).
Y además, se reforzaría la seguridad jurídica al homogeneizarse los criterios, con lo que aumentaría la confianza del ciudadano en los tribunales, "al darle un servicio específico y eficaz frente a un problema que le acucia".
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