En qué punto está la situación de Carles Puigdemont en el Tribunal Supremo y su posible imputación por terrorismo

Repasamos los informes por parte de la Audiencia Nacional, el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo y los siguientes pasos en el proceso.

La situación jurídica del expresidente de la Generalitat huido en Waterloo, Carles Puigdemont, sigue pendiente de la decisión de la Fiscalía sobre si procede o no investigarle por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic. 

Lo último. María Ángeles Sánchez-Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de la Fiscalía General del Estado, ha pedido los argumentos de la mayoría de la Junta de Fiscales que la semana pasada pidió al Tribunal Supremo que investigase a Carles Puidemont por indicios de terrorismo. 

Cuando reciba los argumentos de la Junta, deberá preparar el informe que determinará el criterio del ministerio público respecto a la imputación de Puigdemont. Así, Sánchez-Conde, será la encargada de resolver si la Fiscalía propone al Tribunal Supremo investigar o no por terrorismo al expresidente de la Generalitat catalana por el caso Tsunami Democràtic, como pide el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

¿Por qué es la teniente fiscal el Supremo quien debe decidir si investigar a Puigdemont por terrorismo?

Este asunto se sometió a debate la semana pasada ante la Junta de Fiscales. Lo que ocurrió en esa Junta es que una amplia mayoría de los 15 fiscales que componen la Junta de Fiscales de la Sección Primera del alto tribunal decidieron que se debía investigar a Carles Puigdemont por terrorismo, en contra del informe del fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo que pedía lo contrario.

• Pero como en esa misma Junta de Fiscales discreparon los dos fiscales jefes, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez Covisa, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y según acordaron los cuatro fiscales jefe de lo Penal, es la superior jerárquica quien debe determinar la postura de la institución. Y esa es María Ángeles Sánchez-Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo y número dos de la Fiscalía General del Estado.

Según indicaron fuentes fiscales a EFE, doce fiscales apreciaron indicios de terrorismo en los hechos vinculados con Tsunami Democràtic y once que esos mismos hechos se pueden atribuir a los dos aforados: el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y el diputado catalán de ERC Rubén Wagensberg.

• ¿Y el Fiscal General del Estado? Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado ha explicado en una entrevista que “es bueno no elucubrar cuando no sabemos lo que va a pasar” y ha asegurado que la teniente fiscal deberá trabajar con independencia y tranquilidad, por lo que no se sabe cuánto tardará la decisión en llegar. En otra entrevista en la Cadena Ser el 8 de febrero aseguró que su intención es «respetar» el criterio que marque la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde. 

¿Qué pasos quedarían ahora?

La teniente fiscal del Tribunal Supremo Sánchez-Conde debe concretar la postura del Ministerio Público. Ya tiene en su mesa el acuerdo de la Junta de Fiscales con el resultado de la votación y los participantes, aunque en él no constan cuáles fueron los argumentos esgrimidos. Por ello, según explica EFE que cita fuentes fiscales, Sánchez-Conde, ha solicitado también los argumentos del sector mayoritario de la Junta que sí considera que hay indicios de terrorismo contra Puigdemont.

Además, la teniente fiscal del Supremo también analizará el informe del fiscal al que se asignó el caso, Álvaro Redondo, contrario a investigar a Puigdemont por terrorismo.

En cualquier caso, la postura de la Fiscalía es eso, un posicionamiento de una de las partes. Pero la decisión final de si Puigdemont debe o no ser investigado por terrorismo depende del Tribunal Supremo que tendrá que decidir respecto a la exposición razonada elevada por el juez instructor del caso, que es García Castellón. 

• Un paso más: Al ser eurodiputado, Puigdemont está aforado ante el Supremo, y antes de estar imputado formalmente, el Alto Tribunal debería enviar un nuevo suplicatorio a la Eurocámara, que debería volver a llevar a cabo el trámite parlamentario para autorizar la investigación sobre el expresident.

¿Qué dijo la Audiencia Nacional sobre Puigdemont y sus posibles indicios de terrorismo?

El pasado mes de noviembre el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, acordó elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo con los indicios que veía para que se investigase por un delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic al expresidente de la Generalitat y miembro del Parlamento Europeo Carles Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras diez personas. 

• En su auto señalaba que para el esclarecimiento de los hechos había que investigarles más, algo que no podía practicar por estar aforados Puigdemont y el diputado del Parlament de Cataluña Rubén Wagensberg. 

Posteriormente el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carvallo, criticó las decisiones del juez García Castellón y recurrió directamente en apelación ante la Sala de lo Penal por entender que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para instruir la causa y que de lo investigado en cuatro años no se podía inferir «la existencia de una organización o grupo criminal, ni tampoco su carácter terrorista que es lo que justificaría la competencia de la AN», como recoge Europa Press.

El pasado mes de enero el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, desestimó este recurso presentado por la Fiscalía. Ya que, según explicaba, tras las últimas diligencias practicadas hasta esa fecha se afianzó la tesis inicial que calificaba los hechos como delito de terrorismo.

¿Cuáles son los argumentos para su investigación?

En uno de sus últimos autos sobre este caso, García Castellón asegura que “resulta necesaria la citación de Carles Puigdemont Casamajó para ser oído sobre los hechos” y que su citación “en este momento no podría realizarse en otra condición que no sea la de investigado (…), dado que el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio”. 

El instructor considera “acreditado indiciariamente”, que Puigdemont acudió a las reuniones que se celebraron en Ginebra los días 29 a 31 de agosto de 2019, y donde pudo haberse planificado la actuación de Tsunami Democratic. 

Además, su nombre aparece en un mensaje que figura en el dispositivo analizado de Josep Lluis Alay en el que se decía sobre la campaña de Tsunami que “Supongo que desde ÓMNIUM informarán directamente al presidente Puigdemont. Te lo avanzo para que tenga constancia». 

Igualmente, parece que habría asistido a una reunión preparatoria en Ginebra y algunas pruebas apuntarían a que las decisiones y dudas que surgen sobre la campaña de Tsunami son consultadas al expresident a través del propio Josep Lluis Alay.