Recurren una adjudicación millonaria de Defensa alegando que la empresa ganadora contrató a su único empleado “tres días antes”
El Ministerio de Defensa adjudicó un contrato de 18 millones para adquirir repuestos de los vehículos blindados BMR y VEC del Ejército de Tierra a la empresa Maxim Invest Solutions que alegó tener el 100% de su plantilla con discapacidad para ganar el concurso público. Sin embargo, esta solo tenía un único empleado, que también era una persona con discapacidad, y que fue contratado “tres días antes” de presentar su oferta en el contrato público. Esta información se revela en un recurso, al que ha tenido acceso Newtral.es, presentado ante Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, por la UTE entre Defensa y Logística Aplicada y MISD, la cual perdió frente a la adjudicataria Maxim Invest.
- En caso de empate, el ganador del concurso se decide por porcentaje de personas con discapacidad en plantilla. En esta licitación, hubo un primer empate entre cinco empresas, que se resolvió con el porcentaje de trabajadores con discapacidad que tenía cada compañía. Maxim Invest y la UTE entre Defensa y Logística Aplicada y MISD alegaron que tenían el 100% de sus empleados con discapacidad. Al final, el ganador del concurso se decidió con el resultado de la lotería nacional.
La empresa que presentó el recurso reconoce en el mismo escrito que en plantilla solo tiene dos empleados, y que además ambos son personas con discapacidad. Uno de estos fue contratado diez días antes de terminar el plazo de presentación de oferta, tras despedir a otro empleado sin discapacidad y que llevaba en la empresa desde marzo de 2023.
Este recurso se presentó un día después de que Newtral.es publicara que ambas empresas habían empatado en este contrato de Defensa de 18 millones, alegando que el 100% de su plantilla eran personas con discapacidad.
- Crónica de un contrato complicado. Como ya contó este medio, en septiembre del año pasado, el Ministerio de Defensa licitó este acuerdo marco valorado en un importe de 18 millones (IVA incluido) para adquirir repuestos de los vehículos blindados BMR y VEC del Ejército de Tierra. En un primer momento, hubo cinco empresas que participaron en la licitación y obtuvieron la misma calificación: 100 puntos sobre 100, la máxima puntuación.
Ante esto, Defensa decidió deshacer el empate adjudicando el contrato a la mercantil que tuviera mayor plantilla con trabajadores con discapacidad. Dos empresas alegaron tener el 100%. Y la mesa de contratación recurrió a un sorteo, utilizando el número de la lotería para seleccionar a la adjudicataria. Finalmente, la firma ganadora del acuerdo marco fue Maxim Invest Solutions.
- Directivos multados por amañar contratos. Los administradores de ambas sociedades son directivos multados en 2023 por amañar licitaciones públicas de Defensa. En el caso de la empresa ganadora del concurso, Maxim Invest es Antonio Eduardo Molina Baltanas, un empresario multado por formar un cartel de contratación.
Por otra parte, la UTE DLA-MISD está administrada por Sergio Hernando y Óscar Agudo; ambos multados el año pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por participar en un cártel para repartirse contratos de Defensa.
- La mesa de contratación tuvo hasta siete vocales distintos. Según las actas de la mesa que se elaboraron durante el proceso de adjudicación (página 8, 9, 14, 21 y 22 de la resolución de la adjudicación), la mesa siempre estuvo presidida por el Coronel Federico García Laborda y la secretaria María del Sol Triano Vergara. No obstante, los tres vocales de la mesa, que siempre suelen ser las mismas personas, estos fueron ocupados por siete personas distintas, de los cuales la mayoría son militares.
El recurso presentado por la UTE entre Defensa y Logística Aplicada y MISD se formula contra la adjudicación del contrato. En él se señala que la mesa de contratación ha valorado erróneamente “las prohibiciones de contratar y condiciones de solvencia de la mercantil adjudicataria”.
La empresa ganadora del contrato ha tenido empleados “el 1,42% de los días de su existencia”, según el recurso
Además, la UTE DLA-MISD solicita al organismo contratante el expediente con todas las actas de la mesa de contratación, y en particular la de comprobación de la documentación aportada por Maxim para la adjudicación, dado que la ha reclamado en “múltiples correos sin que el órgano de contratación la haya remitido”, señalan en el recurso.
En el recurso, la UTE DLA-MISD señala que la otra empresa, Maxim, habría cometido “fraude de ley para justificar una condición de empleadora que es falsa, pues la realidad de las cosas es que desde su constitución solo el 1,42% de los días de su existencia ha tenido empleados”.
La empresa llega a señalar que, en este caso, la mesa de contratación se ha limitado a comprobar la declaración jurada presentada por la adjudicataria Maxim, según la cual la empresa tenía el 100% de trabajadores discapacitados. Pero “sin comprobar con los documentos de afiliación la realidad de las cosas”.
“Una mercantil que es una cáscara sin actividad, ni medios”
La UTE vuelve a señalar, según alega en su escrito, que la empresa ganadora del concurso ha cometido otro fraude de ley, ya que el objeto social de Maxim, según su escritura de constitución, es de compraventa de bienes inmobiliarios.
Apuntan en el recurso que “sorpresivamente”, 12 días después de iniciarse el plazo de presentación de ofertas en el contrato de Defensa, “la sociedad cambia de administrador el objeto social a la actividad principal de consultoría de gestión empresarial y “de forma secundaria compraventa de recambios de la industria de defensa”.
La UTE DLA-MISD define a la empresa ganadora del contrato, Maxim, como “una mercantil que es una cáscara sin actividad, ni medios, ni capacidad, ni solvencia alguna de compra, para presentarse a un concurso de nada menos que 18 millones de euros”.
Hemos preguntado a Maxim por estas afirmaciones y desde la compañía no han emitido ninguna respuesta.
Pide la exclusión de Maxim por no haber entregado la documentación a tiempo
El recurso también apunta que, una vez que fue Maxim fue propuesta para la adjudicación, se le requirió una documentación que “no fue entregada en el momento oportuno, lo que supone la automática exclusión de la licitación”, según establece el artículo 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Esta norma señala que de no entregarse la documentación “en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación”, para posteriormente adjudicar el contrato a la siguiente empresa.
La UTE denuncia que la entidad que da solvencia a Maxim tiene prohibido contratar por no tener plan de igualdad
Según señala la UTE DLA-MISD en el recurso, la empresa que “cedía su solvencia por medios externos” a Maxim, es la mercantil Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios, SA (también sancionada por la CNMC, con una multa de un millón de euros).
El plan de igualdad de esta mercantil tenía una vigencia que caducaba el 14 de enero de 2022 y, por lo tanto, señala el recurso, que en el momento de la adjudicación, “no tenía plan de igualdad y, por tanto, estaba en prohibición de contratar conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y el artículo 71.1.y 140.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Fuentes
Recurso presentado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
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