A la espera de subastas de energía renovable: en la última de 2022 solo se adjudicó el 1,4% de la capacidad subastada

El aumento de costes de materias primas ha ralentizado la celebración de subastas de energía renovable, lo que no ha afectado al ritmo de instalación marcado.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no celebró ninguna subasta de energía renovable en 2023 y en la última, realizada en 2022, solo se adjudicó el 1,4% de la capacidad (45,5 MW adjudicados de los 3.300 MW subastados).

En el año 2022 se celebraron dos licitaciones en las que se subastaron 3.820 megavatios, de los cuales se adjudicaron solo 222,5 (5,8%) a 11 empresas. La primera tuvo más éxito que la segunda, aunque su cupo fue seis veces más pequeño (3.300 MW y 520 MW respectivamente).

¿Por qué en 2022 se adjudicó un 6% de la capacidad? 

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico explican que el aumento de los costes ocasionados por la inflación derivada de la guerra en Ucrania ha generado que los precios de los proyectos fueran más caros.

Por este motivo, los precios que marcaron las empresas para desarrollar los proyectos fueron superiores a lo que el Gobierno está dispuesto a pagar y no correspondían a lo esperado en su curva de aprendizaje. Esta curva se refiere a cómo se ha abaratado la tecnología que emplean las energías renovables a lo largo del tiempo, la cual era significativamente más cara hace unos años. Por ejemplo, construir centrales fotovoltaicas hace una década costaba “diez veces más que ahora”, explican desde el ministerio de Teresa Ribera.

En las subastas existe un precio llamado “de reserva”, que fija un precio máximo a las ofertas que se presentan. La retribución que reciben las subastas generan ingresos en las instalaciones, y estos ingresos van con cargo de la tarifa eléctrica: lo pagan los consumidores.

Fuentes ministeriales aseguran que pese a que se adjudicó un porcentaje tan bajo de potencia, las subastas de energía renovable funcionaron “perfectamente” y “evitaron que los consumidores pagaran un sobreprecio por una situación coyuntural”, ya que el precio iba a ser mayor por la inflación.

Para José Luis Sancha, experto en mercado energético y profesor de Comillas ICAI, la última subasta de 2022 fue “bastante deficiente” porque no se presentó “prácticamente nadie”. Por contra, la primera subasta de 2022 y las celebradas en 2021 sí que fueron “muy exitosas”, con una participación muchísimo mayor de la capacidad que se iba a subastar y con unos precios “muy atractivos”, apunta Sancha.

Un 2023 sin subastas: las razones 

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima  2021-2030 (PNIEC) establece como objetivo que las energías renovables tengan una presencia del 42% sobre el uso final de energía para el año 2030. 

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que el número de peticiones de conexiones para entrar en el sistema eléctrico “cubre con creces las necesidades del país” para cumplir el objetivo marcado en 2030. Además, la horquilla de precios establecida por el Gobierno en las subastas son “inferiores a los del mercado eléctrico”, por lo que las empresas “prefieren acudir directamente al mercado y no a las subastas”. 

En definitiva, la celebración de subastas de energías renovables “no fueron necesarias para mantener el ritmo de instalación de renovables”, aseguran.

El rechazo de los vecinos de las localidades donde se realizan las instalaciones de energía renovable hacia estas instalaciones es otro factor determinante que explica la ralentización de las subastas, asegura Sancha. 

“Primero incordia el proceso de construcción y luego puede haber impacto en el paisaje, en la fauna y la flora del lugar”, indica José Luis Sancha. Y añade: “Hay iniciativas de construcción que llegan a los juzgados, donde se paralizan los proyectos, ya que si alguien presenta una denuncia hay que investigarla y ralentiza todo el proceso”.

Sostenibilidad ambiental, resiliencia y desarrollo económico local como nuevos criterios de adjudicación en las subastas de energía renovable

El artículo 8 del Real Decreto 960/220 establece que el criterio para adjudicar la energía subastada es el valor económico de la oferta. Sin embargo, el Gobierno ha recalcado la posición de la Comisión Europea al respecto en el apartado IV del preámbulo del Real Decreto-ley 8/2023: las subastas de energía renovables que contemplan únicamente criterios económicos “no son capaces de ponderar los altos estándares medioambientales y sociales de los productos europeos”.

Es por ello que en el Real Decreto-ley 6/2022 se contempla cambiar la forma de seleccionar las propuestas, incluyendo criterios “cualitativos, objetivos, transparentes y no discriminatorios” a la hora de adjudicar la energía subastada.

Dentro del concepto “Mejora del diseño de las subastas”, se prevé incluir criterios con hasta un 30% de peso como la “contribución a la resiliencia, a la sostenibilidad medioambiental, a la innovación, al impacto socioeconómico de los proyectos u otros factores que fomenten la mejor integración de estas fuentes de energía en el sistema eléctrico”. Añadir estos nuevos criterios es, para Sancha, “la única solución” que hay para estimular la celebración de nuevas subastas de renovables.

Dichos criterios son recomendaciones de la Comisión Europea, pero aún han de determinarse, ya que pueden cambiar debido a que los Estados “tienen libertad” para establecerlos, explican en Transición Ecológica. 

Objetivo 2030: presencia del 42% de las renovables sobre el uso final de energía

El objetivo actual para 2030 establecido por el PNIEC es que las energías renovables tengan un 42% de presencia sobre el uso final de energía.

En julio de 2024 se presentará ante la Unión Europea un nuevo PNIEC con un objetivo “más ambicioso” para 2030, asegura Sancha. “El nuevo objetivo será superior al 42% y su cumplimiento no está garantizado, es muy ambicioso”, cuenta el experto en mercado energético y profesor de Comillas ICAI.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguran que este objetivo no es tan ambicioso. “El Gobierno no va a plantear un plan irreal que no se pueda conseguir, no tendría sentido, aunque esto no significa que sea más o menos difícil de alcanzar”.