Qué sanciones hay por no presentar la declaración de bienes en el Parlamento Europeo 

Cuando los diputados del Parlamento Europeo toman posesión de su cargo están obligados a presentar una declaración de bienes que detalle su patrimonio y sus intereses privados. En caso de que se nieguen a presentar este documento, el Parlamento Europeo tiene previstas sanciones en su reglamento interno.

• La normativa que regula la presentación de la declaración de bienes es el ‘Código de conducta en materia de integridad y transparencia’, que tienen que cumplir todos los eurodiputados y que tuvo su última revisión en octubre de 2023. 

Plazo. Este código establece, en su artículo 2, que los diputados tienen que presentar esta declaración de bienes y de patrimonio, como máximo, en un plazo de 30 días naturales desde su toma de posesión como nuevos miembros de la Cámara. Además, deberán volver a presentarla al finalizar su mandato. 

En caso de que haya eurodiputados que se nieguen a presentar esta declaración, es el propio presidente del Parlamento Europeo el que puede imponer las sanciones que correspondan, según estipula la normativa.

Lo hará tras una consulta al Comité Consultivo del Parlamento, que está compuesto por cinco miembros elegidos por el presidente entre diputados que han tenido experiencia previa como miembros de la Cámara. Este comité tiene la responsabilidad de evaluar las denuncias relacionadas con posibles infracciones al mismo.

Las sanciones por no presentar la declaración de bienes

Las sanciones que se podrían imponer a un eurodiputado por no presentar su declaración de bienes y patrimonio están estipuladas en el artículo 176 del reglamento interno del Parlamento Europeo. 

Tres niveles. Las sanciones por no presentar la declaración de bienes son graduales dependiendo de la gravedad de la conducta del eurodiputado, aunque en ningún caso se le quitará el derecho a voto en el Parlamento Europeo.

• La primera de ella es una mera amonestación. 
• Si el eurodiputado continúa en su conducta infractora, puede perder el derecho a las dietas para gastos de estancia durante un período de dos a 60 días.

En casos más graves, se puede suspender temporalmente su participación en todas o en una parte de las actividades del Parlamento durante un período de dos a 60 días.