La campaña de odio que relaciona el crimen de Mocejón con migrantes: actores, antecedentes y consecuencias

Cada vez son más habituales las campañas coordinadas en redes sociales que vinculan casi cualquier episodio violento con la inmigración. Dan igual las pruebas, el contexto y, por supuesto, la verdad. Quienes participan de ellas se benefician de una de las premisas más básicas de la viralidad: el contenido emocional, en particular el que más crispa y enfada —el odio—, es el que mejor funciona gracias a unos algoritmos que catapultan lo visceral.

Por eso no es de extrañar que, incluso ante episodios de lo más crueles, haya grupos de personas que aprovechen la situación para señalar a aquellos a los que odian. En el caso del crimen de Mocejón (Toledo), cuya víctima es un niño de 11 años, se ha señalado a los menores migrantes sin familia —conocidos con el acrónimo ‘menas’— sin que hubiera el menor indicio de que el agresor fuera inmigrante o tuviera origen magrebí.

En este escenario conviene separar entre los actores que alimentan este odio como estrategia —quién sabe en busca de qué— de quienes actúan de forma irracional, pero que contribuyen a la amplificación del mensaje.

Actores. Los primeros suelen ser perfiles de redes sociales cuya actividad se centra, casi de forma sistemática, en atribuir cualquier acto violento que adquiera cierta relevancia mediática a ‘menas’, magrebíes, africanos o a cualquier elemento que les pueda resultar odiable. Nutren sus contenidos con publicaciones creadas —o previamente divulgadas— por perfiles del mismo espectro ideológico, a veces de otros países, lo que indica cierta coordinación y, por tanto, una motivación que puede responder a razones más allá de la impulsividad.

Entre estos perfiles se encuentran grupos de ultraderecha, cuentas anónimas, trolls, políticos radicales, agitadores y perfiles falsos que simulan ser medios de comunicación o supuestos activistas. 

Primeros registros. Los primeros registros de publicaciones virales que relacionan el crimen de Mocejón con los menores migrantes proceden de emisores muy variados, pero cuyos contenidos guardan semejanzas. 

“Se confirma que ha sido un moro de mierda quien ha asesinado al niño de 10 años en Mocejón. España debería de empezar a arder”, publicó una cuenta anónima de X el domingo 18 de agosto, aunque el mensaje ya ha sido borrado.

Esta publicación alcanzó cerca de un millón de visualizaciones. Una hora antes, la misma cuenta había publicado otro mensaje asegurando que “se debería de liar como en Londres”, en referencia a la oleada de protestas antiinmigración originada en Southport (Reino Unido), cuya explosión también estuvo regada con desinformación y mensajes de odio. Publicaciones anteriores (1, 2) permiten relacionar a este perfil anónimo con la organización neonazi Facta.

Otro de los primeros registros del bulo que atribuye el asesinato de Mocejón a personas magrebíes corresponde a una publicación de El Puntual 24, una cuenta que simula actuar como medio de comunicación, pero que se caracteriza por la viralización de mensajes con desinformación. El domingo por la mañana publicó el siguiente titular —ya borrado— a través de su canal de Telegram: “Un magrebí ASESINA a un niño de 10 años cuando jugaba al fútbol con sus amigos”. Después de que la Fiscalía anunciara una investigación contra estas publicaciones, varios perfiles con contenidos antiinmigración justificaron haber compartido el bulo tras haberlo leído en esta cuenta.

Usuarios con una fuerte presencia en redes como Alberto Caliu difundieron mensajes similares —ya borrados— que alimentaban la narrativa contra los menores migrantes: “Según me comentan, sobre el lunes 5 de agosto llegaron a Mocejón unos 50 africanos en autobús y los alojaron en el Hotel Pattaya. En Mocejón se vivía tranquilo hasta entonces, ahora ya vemos lo que sucede”. Posteriormente, esta persona pidió “señalar y ubicar todos los hoteles que alojen a inmigrantes ilegales” porque “son cómplices y deben ser señalados”.

Antecedentes. Este último llamamiento a “señalar y ubicar” los lugares donde se alojan personas migrantes recuerda a los disturbios racistas que comenzaron hace apenas tres semanas en Reino Unido, donde varios grupos ultras han intentado quemar hoteles en los que dormían refugiados. Esto ocurrió después de que se propagara un bulo que culpaba a “un solicitante de asilo” llegado de forma ilegal al Reino Unido del asesinato de tres niñas en Southport. Estas amenazas contra los alojamientos de inmigrantes también ocurrieron en Irlanda durante las revueltas de enero de este año.

Precisamente, los perfiles que han tratado de vincular el crimen de Mocejón con la inmigración ilegal y la acogida de menores migrantes en España también han prestado especial atención a las revueltas de Reino Unido. Es el caso de HerQles, un proyecto de propaganda ultraderechista —cuyo fundador fue invitado por Vox a un acto celebrado en Colón (Madrid)— que ha enviado equipos para generar contenido antiinmigración desde el país británico a raíz de los disturbios.

Otro ejemplo de la dinámica de estos perfiles —que consiste en atribuir cualquier episodio violento a la población migrante— ocurrió el pasado mes de mayo en Cuenca, cuando un vecino prendió fuego a una iglesia de la localidad. Inmediatamente, varios perfiles de redes sociales, entre ellos HerQles, acusaron a un hombre “de presunto origen africano”. El detenido resultó ser un varón de origen español que vivía en el barrio.

Consecuencias. Como ya explicamos en Newtral.es, la difusión de bulos de forma deliberada no está en el Código Penal y, por tanto, no es ilegal. De hecho, la desinformación se suele enmarcar en la conocida como “zona gris”, en los márgenes de la libertad de expresión y la libertad de información.

Eso no quita que la desinformación se pueda utilizar como canalizador de mensajes de odio, como explica a Newtral.es el catedrático José Julio Fernández, director del Centro de Estudios en Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela (CESEG). “El artículo 510 del Código Penal habla de los delitos de odio. Aunque la redacción pueda ser algo laxa, se puede aplicar y se aplica en los casos graves. Algunos tuits difundidos sobre el crimen de Mocejón parecen bastante claros como para constituir un delito”, considera este experto. 

En estos casos —insiste— “lo que se persigue es el mensaje que genera el odio, ya que el bulo en sí mismo no es perseguible ni debe serlo. Una mentira puede llegar a tener cobertura en la libertad de expresión; por ejemplo, si dices que la Tierra es plana, eso no es perseguible desde el Código Penal. Otra cosa es que esa mentira incite al odio”, aclara el catedrático.

En 2022 se conoció la primera sentencia en España por difusión de bulos. Fue contra un agente de la Guardia Civil —ya expulsado del cuerpo— que en 2019 publicó un vídeo con el que culpaba a un “mena marroquí” de una agresión que en realidad había ocurrido en China. 

La Audiencia de Barcelona lo condenó a 15 meses de prisión, una multa de 1.620 euros y el decomiso de sus perfiles en redes sociales durante dos años. La sentencia consideró probado que el agente de la Benemérita actuó “movido por su animadversión y rechazo a los inmigrantes extranjeros de origen marroquí (…) con el fin de difamar de forma global e injusta a los menores no acompañados procedentes de otros países que vienen a nuestro país, particularmente a los niños marroquíes, asociándoles de forma generalizada con actos violentos y agresiones sexuales”.

En abril de 2023 también fue condenada una mujer que aceptó una pena de un año de prisión y seis meses de multa por servirse de un vídeo de una agresión en Brasil para culpar a menores migrantes acogidos en España. En este caso, la condenada no entró en prisión bajo condición de no reincidir.

Investigación. Por el momento, la Fiscalía ha anunciado que está estudiando posibles delitos de odio entre algunos de los mensajes difundidos sobre el crimen de Mocejón. Según explica José Julio Fernández, el trabajo se debe centrar en “identificar a los usuarios” que publicaron en origen estos contenidos. No obstante, señala un problema: “Es difícil identificar a las cuentas anónimas”.

“Existen recursos jurídicos claros; por ejemplo, la normativa de protección de datos penales, que es ley orgánica, establece la obligación específica de que proveedores de servicios de internet tengan que colaborar en investigaciones policiales y judiciales. De esta forma, la Fiscalía podría pedir a las plataformas que identifiquen a las personas que están detrás de esas cuentas”, añade el catedrático.

Aun así, el director del Centro de Estudios en Seguridad recuerda que algunas redes sociales como X permiten a sus usuarios registrarse de forma totalmente anónima. En estos casos la identificación puede requerir una “investigación tecnológica para rastrear la IP y otros datos” con el fin de desenmascarar al usuario, pero “esto es complejo y no siempre da resultado”. Por tanto, considera que una de las soluciones para evitar estos problemas sería obligar a las plataformas a conocer la identidad de sus usuarios, aunque reconoce que implicaría un cambio legal “complicado” que sembraría “dudas”.