El PP presume de luchar contra la violencia de género en un vídeo con datos falsos y omisiones
El 25 de noviembre, el PP lanzó un vídeo para promocionar las medidas tomadas durante esta legislatura en la lucha contra la violencia machista. El contenido, según han denunciado hasta una treintena de asociaciones feministas en un comunicado que ha avanzado la Cadena Ser, está plagado de datos falsos y también de omisiones.
Las organizaciones firmantes atribuyen estos errores a una intención electoralista "que no solo oculta la realidad sino que pretende disfrazar la falta de compromiso y diligencia del actual gobierno con la seguridad y la justicia para las mujeres". El PSOE también ha reaccionado ante los mensajes del vídeo y ha pedido, a través de su secretaria de Igualdad en Madrid, Ángeles Álvarez, su "inmediata retirada".
Desgranamos con datos algunos de los errores y omisiones del contenido:
1. Se olvida de tres mujeres asesinadas en 2014
El PP se equivoca en el vídeo con las cifras de víctimas mortales de la violencia machista. Reduce el número a 51 en un gráfico descendente de asesinatos desde 2012 que es falso. En 2014, 54 hombres terminaron con la vida de 54 mujeres, según los números oficiales del Ministerio de Sanidad. Una cifra idéntica a la de 2013 que, no obstante, solo incluye las muertes en el marco de una relación sentimental. En el citado gráfico, además, se describe a las mujeres asesinadas como "fallecidos" y el partido se felicita por lograr "los menores índices de víctimas mortales de los últimos años".
Fuentes del PP consultadas por este medio atribuyen a un "error" la confusión de cifras, aunque no concretan si tomarán alguna medida para subsanarlo. "No hay maldad, errores puede cometer todo el mundo", justifican las mismas fuentes.
2. Los asesinos no cobran las pensiones de viudedad ni orfandad desde 2007
En el vídeo, el PP se cuelga la medalla de haber retirado las pensiones de viudedad y orfandad a los asesinos. Sin embargo, esta medida ya se contemplaba en la disposición adicional primera de la ley integral de 2004 y el precepto queda completado, según la asociación de juristas Themis, por la ley 40/2007 de medidas en materia de Seguridad Social.
De acuerdo con esta norma, "quien fuera condenado por sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, perderá la condición de beneficiario de la pensión de viudedad que le corresponda dentro del sistema público de pensiones cuando la víctima de dichos delitos fuera la causante de la pensión, salvo que, en su caso, medie reconciliación entre ellos".
3. Menos contratos bonificados de los que dice
El PP saca pecho en su vídeo por haber impulsado los contratos bonificados a víctimas de violencia de género que, afirma, "han crecido un 58% en esta legislatura". Otra cifra que no se corresponde con la realidad. Según los datos que facilita el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el aumento se sitúa en el 41% desde que Rajoy llegó al Gobierno, al pasar de 464 contratos en 2011 a 655. Lo que tampoco nombra la formación es que la cantidad representa un 0,022% del total de víctimas que ha contabilizado la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015.
4. Obvia que hay un 26% menos de presupuesto en prevención
Nada dice el PP del recorte que ha aplicado en el programa específico de prevención de la violencia machista, que asciende a un 26% desde 2011. Para 2016, el Gobierno ha presupuestado 25,2 millones de euros, un 6,32% más que en 2015. Una cifra, no obstante, alejada de los 32,4 millones destinados para ello hace cuatro años.
Tampoco hablan los conservadores del tijeretazo que ha sufrido la partida dedicada a igualdad entre hombres y mujeres, que en 2016 contará con un 40% menos de recursos respecto a 2011. El leve incremento del programa de prevención no ha llegado al de igualdad, pues el Gobierno ha disminuido los fondos un 5% para el próximo ejercicio, a pesar de que no es posible desligar la violencia de género de la situación de desigualdad que viven las mujeres.
5. Se oculta la retirada de competencias a los Ayuntamientos
"Hemos mejorado la asistencia a las víctimas [...] creando una red de centros de acogida coordinada en todas las comunidades autónomas", sostiene el PP. Sin embargo, la red ya estaba creada, lo que los conservadores aprobaron fue el Protocolo de Derivación entre las diferentes autonomías en julio de 2014. Por otro lado, la asistencia a las mujeres también depende de los centros de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral de la víctima, gestionadas en buena parte por los puntos municipales, que pueden enfrentarse a una falta de financiación debido a la reforma de la Ley de Régimen Local de 2013.
Con ella, las entidades locales solo podrán ejercer actividades en materia de violencia de género si se financian al 100% por las comunidades autónomas o el Estado. Para la Plataforma Impacto de Género Ya!, que analiza los Presupuestos Generales del Estado con visión de género, esta reforma debería compensarse "con un incremento de las transferencias a las comunidades". El presupuesto para 2016 ha aumentado en un millón de euros y las organizaciones incluidas en la plataforma demandan hacerlo pasar de seis a 60 millones para financiar los puntos de atención.