La juez del caso Besteiro denuncia presiones por parte del abogado defensor

La titular del juzgado de instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, ha presentado este jueves ante la Audiencia Provincial un escrito en el que denuncia un intento de chantaje por parte de Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del anterior fiscal general del Estado. El letrado, a través de un correo electrónico enviado en junio del pasado año, le advierte de que está en marcha un supuesto plan para apartarla de la magistratura y le ofrece su "apoyo" para "facilitar su traslado" de la ciudad amurallada.

Con este escrito responde De Lara a la petición de la Audiencia de un informe previo sobre la cuestión de su competencia para investigar al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en el marco del caso de O Garañón. En la actualidad, Conde-Pumpido Varela es uno de los abogados del socialista, cuya defensa se centra en intentar retirar a la jueza de la causa en la que el político lucense está imputado por tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y un delito contra la ordenación del territorio por su gestión como concejal de Urbanismo de Lugo a las órdenes del entonces alcalde Xosé López Orozco.

En más de 60 páginas la jueza no sólo esgrime argumentos jurídicos para seguir profundizando en su investigación sobre supuestas irregularidades urbanísticas en Lugo, sino que también aporta el citado email como prueba del "empecinamiento procesal" de la defensa de Besteiro para apartarla "de forma, cuando menos, fraudulenta y abusiva" del caso. Para que la Audiencia "disponga de todos los elementos de juicio necesarios para resolver la cuestión de competencia formulada", agrega.

En ese correo -respaldado por un acta notarial en septiembre de 2014-, de respuesta a uno previo enviado por ella misma un mes antes, tras un contacto personal entre ambos, Conde Pumpido advierte a Pilar de Lara que "es objeto de persecución" y le aconseja que "intente apartarse y vaya con pies de plomo" en sus investigaciones sobre los políticos al frente del Ayuntamiento de Lugo (PSOE) y, particularmente, de los cargos del PP que en aquel momento regían los consistorios de A Coruña y Santiago. "Según mi experiencia, es mucho más peligroso para un juez investigar a un partido que a otro, y no lo digo sólo por (Elpidio) Silva y (Baltasar) Garzón", recalca.

Primer contacto

El primer contacto entre el letrado y la jueza se produce el 15 de mayo de 2014 en Lugo, y éste le pone sobre aviso de la existencia de movimientos para intentar apartarla de la carrera judicial.

"Bastante sorprendida", como ella misma se describe en el correo que remite a Conde-Pumpido cuatro días más tarde, espera que tengan otra oportunidad para "hablar más detenida y distendidamente". "Te agradezco la deferencia que tuviste y la confianza por haberme contado los datos que obraban en tu poder", escribe la magistrada desde su cuenta corporativa.

Dos frentes

En su respuesta, casi un mes más tarde (11 de junio de 2014), el abogado detalla la existencia de "dos frentes" contra ella. El primero, y menos "preocupante", a su juicio, "está directamente relacionado con el alcalde Orozco".

Al hilo de ello, avisa a De Lara de que tratarán de desviar su atención a "otros miembros del partido por un supuesto piso regalado y unas obras no satisfechas que parece que en realidad no son tal", en clara referencia a Besteiro, del que investiga si existe relación entre los permisos definitivos de las torres de O Garañón y el piso que el socialista y su esposa compraron al socio de una empresa que había vendido antes el solar. Asimismo, indaga si el jefe de filas del PSdeG se pudo ver favorecido en el precio y en la reforma posterior del inmueble, que pagó años después de su conclusión. "Piensan que va a hacer el ridículo con ese tema cuando aparezcan los pagos tanto de la vivienda como de las obras", abunda.

Con todo, prosigue en un extenso correo informando a la jueza de que "lo que ha despertado todas las alarmas" son sus investigaciones en la ciudad herculina y la capital gallega. "Allí hay más cosas que tapar que en Lugo", comenta, no sin señalar que algunos de estos casos "podrían tener relación tanto con altos dirigentes gallegos (del PP) como con tramas de investigadas en la Audiencia Nacional".

"Al poner el foco en esos ayuntamientos creo que ha despertado muchos más recelos de los que venía levantando, e incluso puede haber perdido apoyos que antes vitoreaban sus acciones contra el PSOE (...). Empieza a sonar el run run de que hay juezas en Lugo que interfieren demasiado en la vida política", apostilla. En este punto, sostiene que "aún colea" la decisión de la entonces titular del juzgado de instrucción número tres de Lugo, Estela San José, de remitir al Tribunal Supremo la pieza sobre el exministro José Blanco en la Operación Campeón "en periodo preelectoral, para ser posteriormente archivado".

"Infierno"

Tras detallar la situación, le aconseja que "intente apartarse" y "vaya con pies de plomo". "No se deje guiar por rumores y vaya a por aquello que sea evidente y seguro. Intente evitar aquellas cuestiones que puedan volverse en su contra (...) y si puede cambiar de destino, hágalo", recomienda.

Y es que, como señala, de lo contrario, "de la mañana a la noche te encuentras sumido en un infierno mediático y judicial en contra". "Ya sabe cómo empieza esto: primero la prensa se vuelve en contra, empiezan con ataques gratuitos, escarban en la vida privada (...), y luego va subiendo de intensidad. La fiscalía empieza a pedir cosas raras, la audiencia revoca y adopta resoluciones poco entendibles, se empiezan a sufrir visitas de la inspección...", relata.

"Si necesita de apoyo en el Consejo (General del Poder Judicial) para optar a alguna plaza o para facilitar su traslado, hágamelo saber y haré todo lo que esté en mi mano", finaliza el correo de Conde-Pumpido Varela. La segunda esposa de su padre, Clara Martínez de Careaga, es vocal en el órgano de gobierno de los jueces.

¿Abuso de derecho?

Tras exponer estos hechos, la jueza pide a la Audiencia Provincial que desestime "por manifiestamente infundada" la cuestión de competencia planteada y que analice los términos de la comunicación con el letrado.

Por si "tales hechos pudieran ir más allá del abuso de derecho, la mala fe procesal o el incumplimiento del código deontológico de la abogacía", concluye.