España lleva casi cuatro años sin aplicar la directiva del mercado eléctrico común en la UE

La directiva relativa al mercado común de electricidad en la Unión Europea (UE) está pendiente de transponer por España desde el 31 de diciembre de 2020, hace casi cuatro años. La ley prevé normas para generar, transportar, distribuir y almacenar la energía eléctrica. 

• Se fija la cooperación entre los Estados miembros para crear un mercado interior de electricidad haciendo que se incremente la electricidad procedente de fuentes renovables, la libre competencia y la seguridad en el suministro, algo que ya prevé en parte el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Para Pol Brau, administrador de producción de la compañía eléctrica Chippio, la norma “fomenta las decisiones informadas y una mayor flexibilidad en el consumo”, además de favorecer la sostenibilidad, impulsando la transición hacia energías renovables. 

La norma. La directiva garantiza que los clientes de cualquier Estado miembro de la UE puedan adquirir el suministro eléctrico a la empresa que quieran de la UE, creando un mercado eléctrico común. 

• En este sentido, cada proveedor fijará un precio de la electricidad similar para los consumidores, un importe que estos podrán rechazar poniendo fin al contrato si no están de acuerdo, explica Iván Cabezuela, cofundador de la compañía de energía solar Samara. 

Las ventajas. Incrementando el flujo de electricidad entre países aumenta la eficiencia operativa, explica Cabezuela, dado que el excedente de energía de un lugar puede usarse para suplir una demanda en otro. 

• Precios competitivos. Que las importaciones de energía sean posibles fomenta la competencia entre países que, a su vez, desemboca en una reducción del precio final para el consumidor, apunta el experto. 

Comunidades ciudadanas de energía. La norma prevé crear comunidades ciudadanas de energía que produzcan para su uso propio a nivel individual o colectivo (a través de placas solares, por ejemplo), que serán consideradas como una categoría de cooperación ciudadana protegida por el derecho de la Unión. 

• Para Montserrat Lavilla, directora de operaciones de marketing de la empresa de energía solar SotySolar, esta es una forma de “acercarse a la independencia energética sin depender de recursos externos, además de reducir la huella de carbono”. 

Plazos. La directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad tenía como fecha límite de entrada en vigor el pasado 31 de diciembre de 2020, momento en que los Estados miembros tendrían que haberla transpuesto. 

Sanciones. En abril de este año, la Comisión Europea envió una notificación formal a España explicando que las medidas tomadas por el país no se consideraban una transposición plena. La Comisión Europea alertó de que podría “llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE)”, aunque por el momento no se ha registrado ninguna sentencia de este. 

• Ya en mayo de 2022 enviaron un primer aviso a España (también a Bélgica) en el que instaban a que se comunicasen de manera plena las medidas nacionales de transposición, para lo que dieron un plazo de dos meses. 

Normativa actual. La legislación que regula la energía eléctrica en España es la ley 24/2013 del sector eléctrico, el real decreto 376/2022 de regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero y la orden 1522 de 2007, que garantiza la energía procedente de fuentes renovables, como indican desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

• Además, Brau apunta hacia el real decreto 244/2019, que regula el autoconsumo, y el 216/2014, que establece el régimen jurídico de contratación.

Metodología

El análisis se ha llevado a cabo con los datos sobre las normas pendientes de transponer por España que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha facilitado a Newtral.es vía petición de transparencia con la siguiente pregunta: “Solicito conocer el calendario previsto para la trasposición de legislación europea pendiente en el que se indique la fecha estimada de transposición, la fecha límite de vencimiento y la normativa para cada caso”.