Urge otra política con dirigentes de Estado y reformistas como Borrell y Piqué

Para no perder tiempo, he aquí un ejemplo de acuerdo para una ‘gran coalición’ entre el PP y PSOE y con apoyo de Ciudadanos: se pactaría la investidura por dos años de un presidente próximo al PP y sin exceso de protagonismo en los últimos años, con experiencia en la economía y la política nacional e internacional, por ejemplo: Josep Piqué; y a mitad de legislatura se da paso con su investidura a otro presidente del PSOE por otro dos años que reúna cualidades similares a las mencionadas, como podría ser el caso de Josep Borrell.

Curiosamente dos políticos de Estado, catalanes, claros defensores de la unidad de España con excelentes currículums nacionales e internacionales. Dos políticos, que hoy están en un segundo plano, que podrían pactar un programa de gobierno y de reformas democráticas como las que necesita el país. En Italia este modelo se ensayó y triunfó en la persona de Mario Monti, entonces ¿por qué en España no se puede hacer algo así?

Y esta propuesta que aquí hacemos es solo un buen ejemplo -puede haber otros- de lo que se podría hacer con una nueva política para un tiempo nuevo como el español. Se trataría de abrir un paréntesis en la legislatura 2016-2020 para culminar una reforma democrática y una vez concluida dar paso a nuevos y jóvenes dirigentes políticos que son posteriormente los que deben liderar la segunda Transición.

Hace falta imponer, pues, una cultura democrática nueva, audaz e imaginativa, al estilo de las grandes democracias de nuestro entorno europeo. Dejando atrás el modelo partitocrático, autocrático y muchas veces corrupto de los últimos años. Pero en el corto plazo que tenemos ante los ojos atónitos de los españoles vayamos al fondo de la cuestión: ¿cómo van a pactar un gobierno de coalición nacional Mariano Rajoy y Pedro Sánchez tras su brutal desencuentro político durante la pasada legislatura, sus mutuas acusaciones de corrupción y cuando solo hace días que, ante toda España y durante el debate electoral televisado, se acusaron mutua y personalmente de ser ‘deshonestos y miserables’?

Los dos, Rajoy y Sánchez, han tenido un pésimo resultado electoral y justo es que en la noche del 20-D hubieran anunciado su dimisión en la cúpula de sus respectivos partidos. Tal y como ocurre en la UE en casos similares. Pero no, ahí siguen atrincherados los dos y ello impide, y nos parece lógico, cualquier tipo de acuerdo entre perdedores que además están enfrentados en todo y hasta en lo personal.

Y ¿qué se puede hacer en estas circunstancias? En vez de jugar el uno y el otro al escondite, intentar permanecer en sus cargos y buscar pactos contra natura en lo programático, ideológico e institucional, como lo sería el acuerdo del PSOE con Podemos?
Pues se pueden hacer muchas cosas si hay voluntad política y algo de responsabilidad. En primer lugar Rajoy -que es el ‘abuelo’ del PP con responsabilidades en los casos de corrupción- debe retirarse de la presidencia del PP y no optar, como pretende, a presentarse a unas elecciones generales ¡por quinta vez!, si se adelantan los comicios al mes de mayo. Su marcha es esencial para renovar el PP y favorecer acuerdos de gobernabilidad con el PSOE y Ciudadanos pero con otros protagonistas al frente del PP.

Y lo mismo debe hacer Pedro Sánchez que ha hundido el PSOE más de lo que ya estaba y a pesar del batacazo del PP. Y que corre el riesgo de convertir el PSOE en un PASOK a la griega tras la senda que, con tanto entusiasmo, inauguró Zapatero en 2011. Sobre todo si finalmente se convocan nuevas elecciones generales en mayo y Podemos se apodera del casi millón de votos que IU sacó el 20-D, lo que sería bastante fácil que se convirtiera en una realidad.

De manera que punto final a la vieja política y a los que han enterrado el bipartidismo en las elecciones del 20-D, con pésimos resultados y peores maneras, como ocurre con Sánchez y con Rajoy. Y vía libre a la nueva política con una gran coalición presidida por políticos limpios, con experiencia y preparación para llevar a cabo las reformas que nos conduzcan a la nueva transición. Piqué y Borrell son buenos ejemplos que debíamos recuperar para liderar el tiempo nuevo y la innovación. Una legislatura de trámite y ‘constituyente’ como la que necesita este país.

Propuestas de reformas democráticas para la segunda Transición

En cuanto a las grandes reformas democráticas que se deberían poner en marcha, adjuntados a continuación un decálogo de propuestas que desde República.com consideramos útiles y necesarias para el inicio de la segunda transición, y que por supuesto son debatibles, ampliables y mejorables pero que, en nuestra opinión, pueden ayudar a orientar el cambio político que acaba de comenzar.

1. Ley Electoral y pacto económico y social. Urge la reforma de la ley electoral, en favor de un modelo que prime la representación directa de los ciudadanos y la elección directa y por su nombre de principales gobernantes y representantes de la vida pública: Jefe del Ejecutivo, Alcaldes y Presidentes autonómicos, parlamentarios y concejales. España es el único país de nuestro entorno que no elige directamente a ¡ninguno! de sus gobernantes y representantes dado que todo pasa por las listas cerradas de los partidos). Son muchas las modalidades posibles y entre ellas, como se ha hecho en otros países europeos, se puede incluir normas que faciliten la estabilidad y gobernabilidad del país (elecciones a dos vueltas, o una prima de escaños para el partido ganador, etcétera).

La reforma de la ley electoral ha de ser acompañada de un gran pacto nacional por la recuperación económica y el empleo en la legislatura 2016-2020 con el objetivo de garantizar, en un ámbito de estabilidad económica y social, la elección de unas Cortes Constituyentes –que no existieron al inicio de la Transición- representativas del conjunto de la ciudadanía y ajenas a las que se derivan del actual modelo oligárquico y partitocrático.

2. Reforma Constituyente. Concluida la reforma electoral y pactado el modelo para la recuperación de la economía y el empleo, el Gobierno disolverá las Cortes y convocará elecciones “constituyentes” para la reforma de la Constitución de 1978 y su aprobación en Referéndum, en el que, además de la Carta Magna, se deberá de incluir una pregunta expresa sobre la elección de la forma del Estado, entre la Monarquía y la República.

3. Separación de los Poderes del Estado. El nuevo y futuro texto constitucional debe garantizar la separación de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que en la actualidad está reducida a la simple separación de sus funciones, para que de ello resulte el equilibrio y el control democrático de todos los poderes públicos y ahí incluido el llamado ‘cuarto poder’ relativo a los medios de comunicación públicos y privados.

El Estado, y el Gobierno velarán por la independencia y viabilidad del pluralismo informativo y libertad de expresión en medios públicos y privados, las redes sociales y los sistemas multimedia que se derivan de las nuevas tecnologías. Garantizando el reparto equitativo de toda publicidad institucional con los criterios de difusión, cultura y calidad.

Los medios de comunicación del Estado no pueden estar controlados por los gobiernos de turno y sus responsables y directivos han de acreditar su independencia y valía profesional. Los grandes grupos de comunicación, que disfrutan de concesiones del Estado no podrán especular con las concesiones públicas que volverán al Estado en el caso de que cese su explotación, por lo que no podrán ser vendidas o alquiladas a terceros.

4. La Justicia. En la reforma se ha de incluir la independencia de los órganos rectores del Poder Judicial mediante su elección -con muy exigentes criterios de calidad, preparación y de experiencia- por el conjunto de los cuerpos jurídicos del Estado. Y sin injerencia en este proceso de los poderes Ejecutivo y Legislativo (que al día de hoy son la misma cosa). Y poniendo fin a la dualidad y contradicción permanente entre los más altos tribunales del Estado, Constitucional y Supremo, revisando la situación de los Tribunales Superiores autonómicos y las competencias de la Audiencia Nacional. Y garantizando la autonomía del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado.

5. El presidencialismo. La separación de los poderes Ejecutivo y Legislativo es la más compleja y requiere del modelo Presidencialista, para que el Jefe del Ejecutivo –con la Monarquía o con la República- sea elegido directamente por los ciudadanos de manera ‘mayoritaria’ y con sufragio universal (a dos vueltas, si nadie obtiene la mayoría absoluta en la primera votación), lo que implicará la participación de todos los españoles en el nombramiento del Jefe del Ejecutivo. La consecuencia de ello obliga el Presidente y jefe del Ejecutivo deberá de constituir un Gobierno –con o sin Primer Ministro- con el apoyo de su partido, o con coaliciones afines, e incluso con partidos de ‘su’ oposición siguiendo el modelo de lo que se ha llamado en Francia la ‘cohabitación’.

En otras elecciones y fecha distinta, estas sí legislativas, se votarán a los representantes del Parlamento bajo la normativa de la nueva ley electoral con una sola Cámara legislativa, el Congreso de los Diputados, mientras el Senado deberá convertirse en solo Cámara territorial.

6. Presidencialismo y La Corona. El modelo presidencial constituye además, en lo que afecta a La Corona, un modelo de estabilidad que permitiría a la Monarquía asumir funciones de representatividad en lo que a la Tradición e Historia española se refiere. Además de funciones representativas –no ejecutivas- en el Ejército y en la Diplomacia y de manera especial en América. Asimismo, habrá que regular por ley las funciones del monarca y el estatus de la Corona y la Familia Real, la igualdad de los derechos sucesorios entre el hombre y la mujer y lo relativo a posibles casos de Regencia o Abdicación.

7. El Parlamento. El Congreso debe garantizar el derecho a la palabra y libertad de voto de los diputados con un nuevo Reglamento que de verdad impida -no como ahora ocurre- ‘el mandato imperativo’ de los jefes de los partidos. Asimismo el Parlamento tendrá las garantías, al margen de la mayoría gobernante, de investigación independiente de cuestiones como la corrupción o presuntos abusos de los gobernantes.

Y se exigirá a representantes y gobernantes la asunción y depuración de sus responsabilidades políticas al margen de las administrativas y judiciales (un código de ética política). Se eliminarán los aforamientos masivos de parlamentarios y altos cargos, con la excepción de algunos que afectan a la figura del Rey (sin inviolabilidad), Jefe del Ejecutivo y ministros en ejercicio.

8. Partidos y calidad de los gobernantes. Los Partidos deberán con la reforma de la Ley de Partidos reformar su organización democrática, dando paso a unos procesos de elección directa por sus bases de los dirigentes y los candidatos, para evitar abusos de poder orgánicos y el control de compromisarios o grupos de presión. A la vez se incluirán garantías de transparencia y el control de sus órganos directivos y de sus finanzas.

Por otra parte, los miembros del Gobierno y altos cargos y autoridades del Estado (Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, CNMV, Banco de España y embajadores del ‘primer nivel’) deberán ser examinados por una Comisión del Parlamento antes de asumir sus funciones para que se que dictamine su idoneidad para el cargo. Ex ministros del Gobierno y ex altos cargos de la Administración podrán trabajar, tras un largo periodo de incompatibilidad como directivos y empleados en empresas de su especialidad.
Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las fundaciones y organizaciones privadas (como la Iglesia Católica y otras religiones) que emanan de la sociedad civil no podrán recibir la financiación del Estado (salvo en lo relativo a la asistencia social y al patrimonio cultural) ni disfrutar de excepciones en la fiscalidad.

9. El modelo territorial. Las Cortes Constituyentes reformarán el vigente y ahora muy deteriorado modelo territorial y autonómico del Estado sobre la base de la igualdad y la solidaridad. Así como del pluralismo y las distintas identidades políticas y culturales de cada región. Un debate al día de hoy muy complejo por errores originales del modelo actual que debería incluir la reducción del número de Autonomías –muchas impostadas- y su reubicación en el conjunto del territorio nacional.

Asimismo se abordará la organización territorial del Estado relativa a la Diputaciones, Provincias y circunscripciones electorales. Así como la conversión del Senado en Cámara territorial y la revisión equitativa del actual modelo de financiación autonómica. Ahí incluido el debate de los fueros y el concierto fiscal de algunas autonomías, que están fuera del ordenamiento jurídico de la UE y que, algunos casos y normas, rompen el principio de igualdad y solidaridad.

La Constitución expresará que el Estado, y en su nombre el Gobierno de la nación, no consentirán la deslealtad constitucional o el ataque a la unidad nacional ni a los símbolos del Estado –que se han de pactar de manera definitiva-, ni la violación de la legalidad por los gobernantes nacionales, autonómicos o locales ni por cualquier institución, entidad privada o persona física.

10. Universidad y la Alta Escuela. El acceso a la enseñanza pública y a la Universidad debe garantizarse por el Estado de manera gratuita y sin ventajas algunas para los colectivos sociales económicamente más fuertes. Se deben recuperar cotas de máxima calidad de Universidades españolas y de profesores y catedráticos, con unas oposiciones justas. La investigación científica y tecnológica deben ser prioridades de la acción docente, y la asignatura de Historia del país debe ser única e inequívoca en el conjunto del Estado. El uso en público y en privado y el aprendizaje del idioma español, o castellano, debe ser obligatorio en la enseñanza y en las Administraciones, y ninguna otra lengua cooficial puede imponerse como por encima de la lengua oficial del Estado.

El Estado, en colaboración con las Universidades públicas y privadas, españolas y americanas creará una gran Universidad Hispana con proyección especial en la América de habla hispana (Latinoamérica y EE.UU.) y con la máxima calidad.
Asimismo, se creará la Alta Escuela de Funcionarios del Estado para la formación de altos Cuerpos y funcionarios del Estado: diplomáticos, registradores, notarios, interventores, inspectores fiscales, técnicos comerciales, de turismo, etcétera, abierta también a profesionales de las naciones latinoamericanas. Una Alta Escuela estatal como las que existen en otros países europeos y occidentales.

Un tiempo nuevo

Hasta aquí nuestro decálogo de propuestas para una reforma de la vida democrática española, que pueden y deben ser mejoradas, debatidas y ampliadas en pos de un gran consenso nacional. El que debe aparecer a lo largo de la legislatura que ahora comienza si los protagonistas del cambio alumbrado el pasado 20-D están a la altura del gran momento español que sin demora debe comenzar.

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