Fiscalía de Lavado de Activos investiga S/. 10 millones de aportes a Fuerza Popular

Hasta el último centavo será escrutado. La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos citará e interrogará  a los aportantes que abonaron un monto superior a los 30 mil soles a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.

 

Se trata de aproximadamente 14 empresas, una organización no gubernamental y alrededor de 110 personas que aparecen en el registro de aportaciones que Fuerza Popular entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

 

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía de Lavado de Activos, el propósito de la investigación es alcanzar tres objetivos: a) Determinar el origen lícito del dinero de los aportes; b) Verificar si las empresas y ciudadanos que aparecen en la lista entregada por Fuerza Popular a ONPE efectivamente donaron los montos consignados; y, c) Comprobar si las empresas y personas señaladas por el partido fujimorista como aportantes, realmente existen o son ficticias.

 

El dinero bajo investigación  es de aproximadamente 10.5 millones de soles, que representa más o menos el 74 por ciento del total que declaró Fuerza Popular ante la ONPE (13.5 millones de soles).

 

Entre los aportantes que superaron donaciones de 30 mil soles que serán requeridos por la Fiscalía de Lavado de Activos se cuenta al candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, José Chlimper Ackerman; los hermanos Eduardo, Eric, Erasmo y Efraín Wong Lu Vega; los empresarios mineros Augusto Baertl Montori y José Gubbins Granger; el ex congresista Carlos Blanco Oropeza; el abogado Fernando Altuve; los ex ministros Augusto Bedoya Cámere, César Luna Victoria León y Gustavo Caillaux Zazzali; así como las compañías Sidedúrgica del Perú, Agroindustria Casablanca, Pesquera Rubí, Procesadora Larán y Ovo Productos del Sur; además de la ONG D'Luz y Esperanza, que preside María Botto de Dasso, entre otros (ver recuadro).

 

El caso se inició cuando el pasado 13 de octubre el ex militante nacionalista David Apaza Enríquez presentó ante el Ministerio Público una denuncia por presunto lavado de activos en el financiamiento de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.

 

El rastro del dinero

 

Basándose en las declaraciones de las aportaciones que Fuerza Popular presentó ante la ONPE, David Apaza argumentó que existen indicios de la procedencia ilícita de fondos.

 

Citó como ejemplos, entre otros casos, los 41 mil 625 soles que donó el empresario Luis Calle Quirós, a quien, en 2013, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló como lavador del dinero del narcotráfico internacional. 

 

El denunciante también mencionó el caso del secretario general de Fuerza Popular, el congresista Joaquín Ramírez Gamarra, denunciado por la procuradora Julia Príncipe por presunto lavado de activos, el 10 de septiembre de 2014.

 

A esto sumó una investigación de La República que demostró que Fuerza Popular declaró que algunos mítines de la candidata Keiko Fujimori fueron financiados por "simpatizantes espontáneos", cuando en realidad el partido abonó los gastos, como la contratación de la orquesta Los Hermanos Yaipén.

 

El 14 de diciembre, la fiscal especializada en lavado de activos, María del Pilar Peralta, resolvió abrir investigación y citó en primer lugar al denunciante, David Apaza Enríquez, quien declaró el 23 de diciembre.

 

"Sustenté mi denuncia con informes de la ONPE porque había muchas irregularidades en la presentación de gastos de Fuerza Popular, como por ejemplo 46 mítines sin ningún medio probatorio del financiamiento, aparte de pasajes aéreos de la señora Keiko Fujimori que tampoco ha justificado", señaló Apaza.

 

La Fiscalía de Lavado de Activos, con la contribución de la policía especializada, se ha enfocado con énfasis en los aportantes de dudosa existencia. 

 

Fondo foráneo

 

Ese es el caso del extranjero George Frederick Angulo, quien encabeza la lista de aportaciones individuales con 216 mil 828 soles. También del coreano Joon Lim Lee, que donó 179 mil 855 soles. Y de la empresa japonesa Kotobuki Tsusho, que aportó 33 mil 876 soles.

 

Los congresistas fujimoristas Segundo Tapia Bernal, Freddy Sarmiento Betancourt y Carlos Tubino Arias Schreiber expresaron estar de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Lavado de Activos, para que disipe cualquier duda sobre el financiamiento de la campaña de Fuerza Popular en 2011 (ver recuadro).

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía de Lavado de Activos la indagación incluye determinar si hay personas que han sido usadas para ocultar el aporte de compañías o de otros individuos que no deseaban aparecer como donantes.

 

El caso de los ciudadanos Renato Castro Brea y Mayra Castañón Dávila, quienes aparecen como aportantes de Fuerza Popular con 54 mil 317 soles y 41 mil 2180 soles, respectivamente. Según una investigación del programa dominical "Panorama", Castro y Castañón no contaban con la solvencia económica que sustente los montos que supuestamente donaron a la campaña  presidencial de Keiko Fujimori.

 

Renato Castro y Mayra Castañón ya fueron citados por la Fiscalía de Lavado de Activos para que ofrezcan su versión sobre las supuestas donaciones a la campaña de Keiko Fujimori.

 

"Durante los interrogatorios los aportantes tendrán que declarar si efectivamente dieron la cantidad de dinero que figura en las rendiciones que Fuerza Popular ha presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Si la respuesta es sí, se les preguntará la procedencia del dinero. Si la respuesta es no, el caso es más complejo, porque se estaría hablando de un delito más grave", explicaron las fuentes del Ministerio Público.

 

"Hemos preguntado a la ONPE y nos han confirmado que no han verificado todas las aportaciones. Con mucha mayor razón el trabajo se justifica para determinar si lo que el partido Fuerza Popular ha declarado corresponde con la realidad", dijeron las fuentes.

 

El Ministerio Público también requerirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), los reportes de las aportaciones superiores a los 30 mil soles que le derivó la ONPE después del proceso electoral del año 2011.

 

El propósito es cruzar la información e identificar a quienes donaron fondos y no tienen manera de justificarlo, o están involucrados en graves delitos. Este trabajo de rastreo recién empieza.