La Fiscalía presentó este martes una denuncia contra Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude en el impuesto de sociedades durante los ejercicios de 2020 y 2021. En concreto, la Agencia Tributaría habría detectado evasión de impuestos hasta una cantidad de 350.951,41 euros. Pero, ¿qué es el fraude fiscal y a partir de qué cuantías se considera delito? Según explica el Bufete Especialista en Delitos contra la Hacienda Pública, Allende Abogados, en su página web, el «fraude fiscal o fraude tributario concurre cuando alguien con obligaciones fiscales o tributarias las elude en parte o en su totalidad« . Para ello, explican, los implicados «suelen recurrir a diferentes trucos o 'trampas' orientados a evitar el pago obligado de los impuestos» y aclaran que, para que exista fraude, «tiene que tratarse de una acción consciente y con finalidad defraudatoria«. Noticia Relacionada estandar No Ayuso acusa a Sánchez de pedir su dimisión para tapar la ley de amnistía Sara Medialdea Afirma que se señala a su pareja: «Es desestabilizarme a través de mi destrucción personal» En este sentido, desde el bufete destacan que no se debe confundir con los errores no intencionados en la tributación de impuestos, que aunque también pueden ser sancionados «no tienen la misma naturaleza». ¿A partir de qué cuantía supone un delito? El hecho de cometer fraude fiscal no supone, en todas las ocasiones, un delito. Es decir, que dependiendo de la cuantía defraudada, puede ser solucionado por la vía penal o por la administrativa. En concreto, para que la conducta se considere delito la cantidad defraudada debe superar los 120.000 euros, con la excepción de la evasión contra la Hacienda de la UE --por ejemplo, haber cobrado una subvención europea que no se debía-, cuando el límite desciende a los 50.000 euros. ¿Cuáles son las penas? El Código Penal establece una pena conjunta de prisión y multa, que también depende de la cantidad defraudada y otras circunstancias particulares. «En general, las penas oscilarán entre uno y cinco años de prisión y multa de entre el tanto y el séxtuple de lo defraudado. Además se aplicará la pena en su mitad superior si se ha utilizado a otras personas para ocultar la obligación tributaria o si tiene una especial trascendencia«, detalla el despacho. Los condenados por fraude perderán también el derecho a cobrar ayudas entre los tres y seis años posteriores a su condena. Por otro lado, el que cometa el delito se enfrentará a penas agravadas si el importe supera los 600.000 euros, si se comete dentro de una organización criminal o si se utilizan sociedades 'pantalla' o paraísos fiscales en la comisión del delito. Los seis tipos de fraude fiscal recogidos en el Código Penal Defraudación tributaria: cuando por acción u omisión se defrauda a la Hacienda Pública a través de la evasión de impuestos o de la obtención de devoluciones o beneficios indebidos. Supone un delito cuando la suma supera los 120.000 euros. Fraude de subvenciones: se trata de obtener ayudas o subvenciones de la Administración Pública de forma indebida. Para ello, se suelen falsificar los documentos demandados. La cuantía debe superar los 100.000 euros. Delito contable: se considera como «la antesala del fraude tributario». En este caso se persiguen actividades que preceden al fraude y que tienen que ver con ocultar la situación financiera de una persona o empresa. Delito contra la Seguridad Social: eludir los pagos de forma consciente y con ánimo de lucro. «Existen tres vías para cometer este delito: no hacer frente al pago de cuotas, obtener devoluciones indebidas y disfrutar de forma indebida de deducciones que no corresponden», concretan desde Allende Abogados. Obtención indebida de fondos públicos o malversación: cuando un funcionario o cargo público se apropia de forma incorrecta de fondos económicos que gestiona. Para considerarse delito se debe haber realizado con el fin de conseguir un beneficio, cuando el importe es dinero público y cuando en el acto se ejerce abuso de la autoridad, una administración desleal o la apropiación indebida del patrimonio. Delito contra los presupuestos públicos: eludir el pago a los presupuestos, dar fondos a un destino diferente al planificado o falsear datos para obtener presupuesto. En todos los casos las cantidades deben superar los 50.000 euros Según el Despacho de Abogados Penalistas de Madrid «el fraude fiscal en España puede ser denunciado por cualquier ciudadano de forma anónima, mediante la página web de la Agencia Tributaria o de forma presencial». En este sentido, aseguran que «Hacienda suele tener muy en cuenta este tipo de denuncias, ya que la mayor parte de ellas proviene de ex-parejas, antiguos socios de empresa, trabajadores despedidos o competidores, que cuentan con información y pruebas privilegiadas».
