Idiomas y Educación pide «sustituir» la nueva ley de libertad lingüística porque desconfía de los consejos escolares

La asociación de familias y docentes Idiomas y Educación ha mostrado su « rechazo » por la ley de libertad educativa de la Generalitat Valenciana, que piden «sustituir» entre otras razones, porque desconfían de los consejos escolares por su influencia distorsionadora en la elección final de la lengua vehicular de enseñanza en los centros. Tras elaborar un estudio de la normativa presentada recientemente en las Cortes Valencianas, concluyen que «no es un modelo de libertad» y lanzan la «propuesta de abrir debate para su sustitución ». «Los consejos escolares no son una representación real de padres y alumnos, están muy ponderados por la opinión de docentes y directivos de cada centro, y el requisito lingüístico ha condicionado a profesores y también chantajea la elección de los padres», subrayan, al tiempo que reclaman que sea estrictamente la elección de cada familia la que fije el idioma de aprendizaje en las aulas. Abundando en la perversión que -a su juicio- representa este órgano de representación en el que se decide el denominado Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), señalan: «Suele estar compuesto por profesores que anteponen la ventaja que les confiere su adquirido requisito o sus convicciones nacionalistas al interés de los alumnos, por lo que el español quedará relegado a materias de poca presencia lingüística, y también ejercen presión sobre algunos padres que ostentan representación». MÁS INFORMACIÓN noticia No La compleja inmersión lingüística que quiere tumbar la ley de Mazón: «Ni el Ministerio sabe cuál es la lengua materna de los estudiantes» Concluyen que «la mayoría de (asignaturas) troncales será en valenciano», una tendencia menos acusada en la concertada, al recaer la decisión en el propio centro, y se trata más de un «modelo de conjunción lingüística , es decir, con materias vehiculadas en ambas lenguas», valenciano o castellano, en una proporción que dependerá del número de grupos en cada curso. Tan sólo valoran positivamente los nuevos certificados de niveles de valenciano al terminar la etapa educativa, que «podría ayudar a rebajar el impacto del requisito en la progresión nacionalista, creado en torno a los exámenes oficiales del valenciano, pero la nota de 7 que se exige en Bachillerato y Selectividad para conseguir el C1 será complicada, ya que los examinadores serán los propios profesores de valenciano, los docentes más nacionalistas». También aprecian «cierta determinación» que aplauden en las zonas castellanohablantes , con algunas «incoherencias», y consideran un progreso que los estudiantes elijan el idioma en que se examinan, aunque reclaman que también se refleje ese derecho en sus libros de texto y material escolar. Como valoración final global, lamentan que esta ley «da continuidad a la ingeniería social del nacionalismo» que vinculan al anterior Gobierno autonómico del PSPV-PSOE en coalición con Compromís y Podem, por lo que la califican de «sumisión lingüística».