El Consejo Económico y Social pide una prestación universal para los niños de 0 a 3 años

Es una «anomalía» que uno de cada tres niños sufran de pobreza infantil en sus hogares en España , siendo esta la cuarta mejor economía europea y la 13 de mundo. Estos datos han convertido a España en el país con el mayor índice de menores en exclusión social de la Unión Europea. Así lo ha confirmado el informe 'Derechos, calidad de vida y atención a la infancia' del Consejo Económico y Social (CES), aprobado este miércoles y presentado este jueves, con la participación del presidente del CES, Antón Costas , y la presidenta de la Comisión de Trabajo para la elaboración de este informe, Carmen Pleite . «Para mi es muy difícil de entender que un país como el nuestro, con una economía tan potente, tenga unas cifras tan altas de pobreza infantil», afirma Costas. Una de las medidas principales que propone el CES para solventar esta situación es la creación de una prestación universal para la crianza hasta los tres años, ya que no se garantiza su escolarización. «Hay un vacío en el sistema educativo en la etapa de 0 a 3 años», afirma Pleite. El informe explica que esta prestación será un complemento de otras ayudas — como el CAPI o el ingreso mínimo vital — centradas en las familias vulnerables. El objetivo es acabar con las «dramáticas» cifras de pobreza infantil, asegura Costas. El órgano está formado por 60 consejeros que proceden de las principales organizaciones sindicales y empresariales, además de otras como de consumidores, pesca y agrarias. Este informe se ha elaborado por iniciativa propia del CES y es el primero que dedican exclusivamente a la infancia, centrado en la población de 0 a 12 años. Los datos del informe revelan que el 32,3% de los niños están en riesgo de pobreza . Esto ha generado que el 5,6% de los menores no tengan acceso a una ración mínima de pollo, pescado o carne. Asimismo, el documento explica que «más de la mitad no consume verdura al menos cada dos días y un tercio no desayuna todos los días». También son alarmantes los datos de salud mental de los menores entre 0 a 14 años, donde ha aumentado significativamente la prevalencia y el riesgo de los trastornos de salud mental y se han triplicado los contactos en psiquiatría. Además, el informe asegura que hay un aumento, tanto en el número de intentos de suicidios, con 2.610 casos en 2021, como en las prescripciones de ansiolíticos, un 19,4% más que 2017. Además, Costas apuntó que « el coste económico de la pobreza infantil es elevadísimo. Se sitúa ya entre el 4% y el 5% del PIB», lo que se traduce en un coste de más de 60.000 millones. Para el presidente del CES, esta perdida de ingresos salariales debido a la pobreza infantil, «es la más alta de la UE y un despilfarro sin precedentes». Este informe recuerda las desventajas socioeconómicas en la que se encuentran muchas familias, tanto para encontrar una vivienda digna como para acceder a suministros básicos. «No decimos que el Gobierno no haya aprobado medidas para solventar este problema, pero, la realidad es que m uchas de ellas no llegan directamente a quien lo necesita», asegura el presidente de CES. En el propio informe se alerta de que el sistema de protección de rentas de familias con niños presenta «desequilibrios» . En comparación con las medidas de otros países de la UE para solventar este problema, «el impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza infantil es notablemente limitado». El documento asegura que «una infancia plena, entendida como la satisfacción de las necesidades básicas, especialmente durante las edades más tempranas, permite sentar las bases de un buen estado de salud, buenos resultados educativos y una buena calidad de vida en general». Es por ello que la mejora de esta situación es uno de «objetivos clave». Junto con la prestación universal para la crianza, el CES propone una serie de propuestas para mejorar estas cifras. Pleite ha resaltado: «Invertir en la infancia como objetivo de país, desde un amplio consenso que supere el ciclo electoral y sean políticas tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas; destinar y ejecutar plenamente el presupuesto asignado a las medidas previstas y realizar una evaluación del impacto de su aplicación o extender las actuales ayudas fiscales a las familias con menores a cargo, y la consolidación del CAPI».