El sector inmobiliario defiende que el veto a las VUT reactivará alquileres en Santiago

Hace años que el mercado inmobiliario en Compostela experimenta una tensión creciente. Hoy, la oferta de vivienda residencial en la ciudad oscila entre los 250 y los 300 pisos –según datos del portal Idealista–, aunque el sector defiende que no es que no haya vivienda, sino que figura o bien como inactiva o bien fuera del mercado del alquiler. Mientras tanto, en los últimos años las Viviendas de Uso Turístico (VUT) proliferaron en la capital gallega, que hoy alberga más de 600; todo ello, en una urbe que debe satisfacer la demanda residencial de cerca de 16.000 estudiantes durante el próximo curso. Frente a este panorama, el Concello aprobó la pasada semana la prohibición de todas las VUT que no cumpliesen el estándar municipal más reciente, independientemente de sus habilitaciones anteriores –ordenanza que salió adelante gracias a los inesperados votos a favor de los ediles del PSOE, grupo que ya había anunciado su abstención–, en un intento por movilizar al mercado de la vivienda todos esos pisos. Desde el sector, esperan que el movimiento repercuta en positivo, en lo que a satisfacer la demanda se refiere. En conversación con ABC, el secretario de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), Vicente Martínez, sostiene que «gran parte» de esas viviendas volverán al alquiler tradicional o al de estudiantes, y señala que muchas de ellas se convirtieron en turísticas porque en su momento «migraron» de un mercado al otro. «Con más de 600 viviendas y 2,5 o 3 plazas por vivienda estamos hablando de 1.800 plazas de residencia que se le pueden facilitar a los inquilinos durante el curso», expone. Pero también incide en una cuestión de rentabilidad, a falta de más opciones. Como propietario, «si ganabas diez, doce, quince mil euros al año, y ahora pones [en alquiler] una vivienda en 700 u 800 euros por diez meses, tienes 7.000 u 8.000. Con la normativa VUT que te permite destinarlo al alquiler sesenta días al año puedes ganar otros 3.000 o 4.000», explica, por lo que, aunque los beneficios cosechados no sean los mismos, espera que esa bolsa de pisos sí vuelva a movilizarse. «Eran viviendas que gestionaban los particulares, a nivel propio. Dudo que renuncien a esos rendimientos económicos si ya las tenían en oferta; deberían migrar y volver al alquiler tradicional, no al de VUT». La situación afecta de lleno a los universitarios, que se agolpan formando colas frente a las inmobiliarias a la caza de uno de los escasos pisos que quedan disponibles: «De esos 16.000, muchos ya están ubicados y tienen vivienda. Pero hay otra gran bolsa de estudiantes, sobre todo los de primer año, a los que todavía les están dando las admisiones y todavía no saben dónde van a estudiar ni dónde van a vivir». Ellos, si finalmente acaban emplazándose en Santiago, serán quienes lo tengan más difícil, porque cada vez se vuelve más difícil. «Esta semana se alquiló el 70-80% de las viviendas», indica Martínez, aunque apunta que a comienzos de julio suele salir a alquiler una notable bolsa de viviendas. Un problema para los recién llegados, señala, es que la situación del alquiler para estudiantes se encuentra estática. «La situación cambió con respecto a hace unos años, porque ahora los estudiantes no rotan, no cambian de piso. Si, por ejemplo, vivían tres juntos, uno se marcha y quedan dos, buscaban un piso de dos. Ahora, si están contentos donde están, se quedan». Y, en ese marco, una solución que se vuelve sencilla: alquilar la habitación. «Eso antes era impensable. Pero ahora hay anuncios en Instagram, se puede hacer una selección individualizada de las personas hablando por las redes... se hace casi una labor de filtro». En conclusión, el secretario de Agalin espera que, como mínimo, el trasvase de viviendas del mercado turístico al del alquiler tradicional contribuya, si no a suplir la demanda a gran escala, sí a que los precios se destensionen en cierta medida, fruto del aumento de la oferta. Ambos objetivos los tenía en mente Raxoi cuando redactó la propuesta, que se hizo efectiva el pasado 24 de junio. «Es una decisión que consideramos imprescindible, necesaria, valiente, lógica y coherente que adoptó este gobierno para culminar un trabajo iniciado en 2015 y que se realizó a través de dos mandatos distintos», manifestó entonces el concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás.