Una respuesta regional del PP

La organización territorial del Estado se asienta sobre el principio autonómico de desconcentración de los poderes legislativo y ejecutivo, de manera que son compartidos por las instituciones centrales del Estado y los gobiernos de las comunidades autónomas, que también son Estado. El desarrollo de este modelo territorial no ha satisfecho a los partidos nacionalistas, lo que ratifica la experiencia histórica de que no hay constitución democrática a la que sean leales estas formaciones. Mientras el PSOE se mantuvo, junto con el centro-derecha, en los valores de la Constitución de 1978, las pretensiones de los partidos nacionalistas no desbordaban los límites de la solidaridad y la igualdad, aunque fuera conveniente tolerar cesiones por una convivencia en la que nunca han creído. Sin embargo, el PSOE ha cambiado su paradigma funcional en la política española, abandonando el consenso bipartidista para pasar a codirigir la agenda secesionista de los nacionalismos. Es cierto que el PSOE no habla de independencia, pero tampoco lo hacía de indultos ni de amnistía y los ha aprobado; tampoco de referéndum soberanista, pero aborda la superación del actual 'statu quo' para abordar formas aún indefinidas de autogobierno. La quiebra de la igualdad y la solidaridad entre españoles forma parte esencial de la investidura de Pedro Sánchez, pero el problema del PSOE para cumplir estrictamente su agenda partidista y sus pactos con los nacionalistas es que el 70 por ciento de la población española está bajo gobiernos autonómicos del Partido Popular. En concreto, doce regiones y las dos ciudades autónomas. Con semejante poder territorial, el PP no puede ni debe dejar pasar la oportunidad de construir una política de concertación autonómica que sirva al ciudadano de contraste con la política divisiva del Gobierno socialista. Sería un craso error, sin embargo, que esa concertación de los gobiernos del PP se limitara a ser una mera contraprogramación de las medidas impulsadas por Sánchez. El PP ha demostrado que sabe manejar el gobierno de lo cotidiano. Es la base de su sólido arraigo autonómico y municipal. Ese es el ámbito en el que se entienden los acuerdos de sus gobiernos autonómicos sobre una futura 'selectividad' (EBAU) común a todos ellos y sobre aspectos tan vitales para el nivel y la calidad de vida de las familias y los contribuyentes como el apoyo a los autónomos, las rebajas fiscales en sucesiones y donaciones, la deflactación del IRPF para mitigar la inflación o un calendario homogéneo de vacunas. Frente a los resabios medievalistas que el PSOE ha pactado –con versiones disfrazadas– con sus socios nacionalistas, la modernización de España consiste en mejorar la cooperación autonómica y garantizar al ciudadano una igualdad efectiva en los aspectos básicos de su vida, sin agravios territoriales. Es algo que la sociedad española demanda y que el PP debe asumir como compromiso político, porque no tiene ataduras con los nacionalistas y porque su discurso tiene una proyección nacional. El éxito de Sánchez consiste en imponer al PP una agenda de prioridades que desgastan a los populares y confunden a la opinión pública. El PP sabe, por experiencia, que hacer política 'a la contra' tiene un efecto efímero y que el ciudadano que está harto de la amnistía, del acoso a los jueces y de la súbita impunidad de la corrupción a gran escala también lo está, tanto o más, de los fallos en los servicios públicos esenciales, del agobio de impuestos, de la discriminación del español, del precio de la vivienda y de las listas de espera en la sanidad pública.