El juez Aguirre deniega a Puigdemont la amnistía y manda su caso al Supremo
El juez Joaquín Aguirre, que instruye el caso de los contactos del secesionismo catalán con Rusia, deniega a los investigados la aplicación de la amnistía argumentando que los delitos bajo investigación incluyen traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal . Por ello, el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona ha elevado al Tribunal Supremo la correspondiente exposición razonada imputando estos ilícitos a Carles Puigdemont y a otros 12 integrantes de esta supuesta trama. Después de que este lunes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional invalidara todas las diligencias acordadas por el instructor de Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón , en los tres últimos años por excederse en un día al prorrogar en 2021 la causa, en la cual se imputaba a Puigdemont el delito de terrorismo también ante el Tribunal Supremo (TS), la conocida como 'trama rusa' se ha convertido en el mayor impedimento para que el expresidente catalán se acoja a la amnistía y pueda regresar a España para ocupar su escaño en el Parlamento de Cataluña sin rendir cuentas por los delitos que se le atribuyen. En un auto y la consiguiente exposición razonada ante el Supremo, ambos fechados este lunes y a los que ha tenido acceso ABC, el juez Aguirre eleva su caso al Alto Tribunal porque dos imputados están aforados: el propio Carles Puigdemont y Francesc Dalmases , que es diputado del Parlamento catalán. Deberá ser el TS el que decida sobre la imputación y las medidas cautelares y procesales pertinentes para estos casos, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos que el instructor imputa a los investigados. Además, son investigados en esta trama, entre otros, el también expresidente catalán Artur Mas; Víctor Terradellas, exsecretario de Relaciones Internacionales de Convergència; Elsa Artadi, que ha ocupado varios cargos en el Gobierno regional, incluyendo el de directora general de Coordinación Interdepartamental; y Josep Lluís Alay y Gonzalo Boye, jefe de gabinete y abogado del prófugo, respectivamente. Los demás imputados son Jordi Sardà, Natalia Boronat, Zeus Borrell, Miquel Casals, Carles Porta y Aleksander Dmitrenko. El juez entiende que estas personas «se encuentran inescindiblemente unidas con la actuación presuntamente punible de Puigdemont». Los delitos que el juez Aguirre les atribuye son los de traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal. Les considera responsables de una trama en la cual, bajo la supervisión inicial de Mas y posteriormente de Puigdemont, habrían aceptado contactos liderados por Terradellas y Alay con diversos intermediarios rusos que supuestamente detallaron propuestas de apoyo militar y financiero por parte de Moscú. Para ello, Aguirre defiende que hay indicios de que se produjo malversación de fondos públicos desviados para financiar actividades relacionadas con el proceso independentista. Es relevante que el juez atribuya a los investigados la pertenencia a una organización criminal, según la definición y características establecidas por el artículo 570 del Código Penal, que la describe como una agrupación de más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido y que se reparten tareas o funciones de manera concertada y coordinada para cometer delitos. Esta organización debe tener permanencia y estabilidad, con un esquema organizativo preestablecido y frecuentemente de carácter jerárquico, lo que aumenta su eficacia. Así, siempre conforme a la exposición razonada del juez Aguirre, el que fuera presidente autonómico entre 2010 y 2016, Artur Mas, le encargó a Terradellas las relaciones internacionales de su partido, Convergència. Este se habría marcado como referente buscar apoyos en países como China o Rusia, según una de las pruebas que figuran en la causa, como una conferencia que dio junto a Mas en 2016. Tras la salida del poder de éste, Terradellas apoyaría a Puigdemont para que asumiera la presidencia autonómica. Según figura en la exposición razonada del juez, «en 2016 Terradellas aconsejaba a Artur Mas que se sacrificara cediendo la presidencia a un nuevo candidato, Carles Puigdemont, quien podría liderar el procés». Puigdemont sería quien el 26 de octubre de 2017, un día antes de acatar la independencia de Cataluña declarada por el Parlamento autonómico y darse a la fuga, se reunió con un ciudadano ruso al que Terradellas habría llevado a su residencia oficial presentándolo como un «emisario de Putin». En aquella cita, el visitante ruso, llamado Nikolay Sadovnikov, ofreció supuestamente 10.000 soldados rusos y el pago de la deuda catalana a cambio de legislación favorable a criptomonedas . Aguirre apunta que Puigdemont autorizó a tres grupos diferentes para que exploraran el desarrollo de criptomonedas. Hubo varias reuniones sobre ese asunto y el expresidente y candidato de Junts en las recientes elecciones del 12 de mayo pasó a abrir una cartera de una moneda virtual llamada Ethel, a la que refiere en sus perfiles públicos de redes sociales. También recibió pagos opacos por medio de un sistema llamado Tornado Cash, todo ello según la versión del juez instructor. La oferta de soldados rusos, junto con los disturbios que ocurrieron en Cataluña a partir de 2017 y durante el estallido de Tsunami Democràtic en 2019 tras la condena del Supremo a los cabecillas del 1-O, son cruciales en el argumento de Aguirre de denegar la aplicación de amnistía. Y es que en la ley de aprobada por el Gobierno y sus socios parlamentarios para perdonar los delitos relacionados con el procés se exceptúa, además de los de terrorismo y torturas, el de traición «siempre que se haya producido tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España». Las pruebas en esta causa judicial, incluidas abundantes grabaciones, mensajes e informes de los implicados, apuntan a que «poco antes de la declaración unilateral de independencia, la injerencia rusa estuvo a un solo paso de dar sus frutos». Añade el juez que, «si no llegó a hacerse efectiva ese día, según la persona que estaba presente y que urdió la injerencia rusa, Víctor Terradellas, fue porque el expresidente Puigdemont tuvo pánico, es decir, tuvo un grado muy alto de miedo y temor, por lo que implicaba para Cataluña y para él mismo continuar con la declaración unilateral de independencia y la entrada en la órbita del neoimperialismo ruso de carácter iliberal y antidemocrático». El magistrado añade en su resolución: «Si el expresidente Puigdemont no hubiera tenido pánico y hubiera aceptado la propuesta rusa, habría continuado adelante el proceso secesionista y la consiguiente separación de Cataluña y de España, y como consecuencia también de la UE». Esta causa, como refleja Joaquín Aguirre, comenzó por la incautación durante un registro de una libreta de Terradellas en la que figuraban anotaciones sobre «Putin», «estado protector» y otros contactos con Rusia. Investigando, el instructor halló que, tras la detención inicial de Terradellas, los contactos con Rusia continuaron con el nuevo equipo de Puigdemont, en especial Alay y el abogado Boye . Este último, que en 1996 fue condenado por tomar parte en el secuestro del empresario Emiliano Revilla por ETA, representa ahora a Puigdemont. Aguirre investiga este caso desde 2018. Tras el cambio de Gobierno, fue relevado el jefe de la Policía Judicial en Cataluña, el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena. Esto complicó la labor del instructor, según se lamenta él mismo al señalar que «el impulso policial de la investigación de la injerencia rusa decayó notablemente». «Para un juez instructor supone una catástrofe verse privado del jefe de la unidad de Policía Judicial que había instruido un asunto tan complejo», añade. En la causa, sobre todo en una detallada exposición fechada el 20 de junio, figuran varios viajes de Terradellas y de Alay a Rusia para mantener contactos directos con rusos muy influyentes en las más altas esferas de su país, en especial Evgueni Primakov Junior, alias 'Evgueni Sandro', quien fue nombrado por Vladímir Putin representante de las comunidades rusas en el extranjero. De él dijo Alay que tiene más poder que el ministro de Exteriores ruso. También se acercaron a un periodista con directas conexiones con el Kremlin, el analista del diario 'Komsomolskaya Pravda' Edvard Chesnokov. El abogado Boye, además, presuntamente trabó contacto por su parte con altos capos del crimen organizado ruso, en especial Zakhar Kalashov y Valery Kristoforov. Constan en la causa abundantes conversaciones entre Alay y Boye en las que hablan de lograr que Puigdemont, ya como eurodiputado, no haga declaraciones críticas con Rusia o que puedan molestar al Kremlin. En una ocasión dicen estar tratando con «rusos problemáticos». En otras aluden a «los amigos en Moscú». El juez se refiere también a varios indicios de malversación, pues los investigados habrían utilizado fondos públicos para facilitar la injerencia rusa en territorio español. Estos fondos se emplearon en el desarrollo de relaciones internacionales destinadas a obtener apoyo económico, reconocimiento internacional y soporte financiero de regímenes como el de Rusia o China para una supuesta república catalana independiente. «La presunta malversación se realizó como medio para la comisión del delito de traición», asegura el juez. Esta parte es de especial relevancia porque el Tribunal Supremo determinó que los delitos de malversación no están amparados por la ley de amnistía en tanto en cuanto perjudicaron los intereses financieros de la Unión Europea. En ese sentido, el Supremo deberá considerar los gastos de las delegaciones catalanas en el extranjero, en especial la oficina de representación en Moscú. El juez Aguirre hace referencia a un informe del Tribunal de Cuentas publicado en marzo de 2019 que apunta a que la Generalitat de Cataluña tenía obligaciones reconocidas en su acción exterior por más de 400 millones de euros. De estos, más de 130 correspondían a la empresa pública Acció sin justificación suficiente. Las críticas de ese informe se centraron en la falta de transparencia y la insuficiente documentación facilitada por la Generalitat. Además, en los móviles de Terradellas registrados por la Policía se encontraron conversaciones grabadas con dos políticos independentistas, David Madí y Xavier Vendrell, donde discutían estrategias y acciones para conseguir el apoyo de Rusia y China. Estas conversaciones y otros documentos obtenidos apuntan, según el juez, a la concertación y el reparto de tareas entre los investigados para malversar fondos públicos con el objetivo de apoyar la causa independentista. Según el juez de Barcelona, los investigados se concertaron para utilizar fondos públicos en actividades ilegales relacionadas con el apoyo internacional para la independencia de Cataluña, desarrollando estructuras financieras ilícitas y afectando gravemente a los intereses económicos de España y la Unión Europea. Esta malversación, vinculada al delito de traición, para el juez justifica la exclusión de la amnistía y la continuidad de las investigaciones y procedimientos judiciales en curso.