Al día siguiente de la declaración del empresario Carlos Barrabés ante el juez Juan Carlos Peinado, en la que desveló reuniones con Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en el Palacio de La Moncloa, el Gobierno evitó ayer aclarar esos encuentros. Preguntada expresamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, se refirió a ello como algo habitual. «La agenda del presidente del Gobierno es pública y privada, pero nunca es secreta. Y evidentemente son constantes las reuniones del presidente del Gobierno con empresarios de este país, y también de fuera de este país», señaló Alegría, quien reforzó su argumento haciendo hincapié en el perfil de este empresario en cuestión. «Es un empresario reconocido en este país, y además es un pionero y precursor de lo que llamamos comercio electrónico. No me cabe ninguna duda de que el señor Barrabés, a lo largo de los años, se ha reunido con máximos dirigentes políticos e institucionales de todos los partidos políticos», puntualizó, sin mencionar en ningún momento a la esposa del presidente. Por lo demás, la también ministra de Educación y Deportes reiteró el consabido argumentario sobre el caso, recordando de nuevo los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, a su juicio, demuestran que «no hay nada». Precisamente los dos informes de la UCO aportados a la causa del Juzgado 41 de Madrid hasta el momento -en los que efectivamente se descartan irregularidades- aportan información relevante sobre los contratos públicos recibidos por el empresario Barrabés, para quien la esposa de Sánchez firmó dos cartas de recomendación que él utilizó para hacerse con tales licitaciones. Según dichos informes, su compañía Innova Next, en el foco de la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, recibió el 90% de los contratos públicos de los que fue beneficiario entre 2021 y 2022 , después de colaborar en el máster de Responsabilidad Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía la esposa del presidente desde septiembre de 2020. Eso supuso que de los 22,9 millones que recibió su compañía en contratos, 20,2 de ellos llegaran en un año y medio, entre marzo de 2021 y finales de 2022, según la UCO. Este lunes, Barrabés declaró como testigo ante el juez que se reunió en dos ocasiones en La Moncloa con el presidente del Gobierno y Begoña Gómez, aunque no acotó la fecha de dichos encuentros, trasladaron los representantes legales de las acusaciones populares Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Regeneración Política de España. Otra fuente jurídica también presente en la declaración del testigo afirmó, en cambio, que dijo que sólo vio a Sánchez una vez en el palacio presidencial y fue en una ronda con otros empresarios sobre innovación. Las acusaciones solicitaron ayer al juez que pida a La Moncloa el detalle de la agenda presidencial entre 2018 y 2023, según Hazte Oír, y entre 2019 y 2020, según Vox, cuya abogada ejerce la dirección de la acusación unificada. No fue la única petición al instructor . También solicitaron que cite como testigo al jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, Manuel de la Rocha, a quien Barrabés situó en uno de los encuentros en la sede de la Presidencia del Gobierno.
