Yolanda Díaz asevera que el debate para la derogación de la 'ley mordaza' es una de las patas del acuerdo con el PSOE

Sumar está de celebración. El grupo de Yolanda Díaz en el Congreso asegura haber conseguido el compromiso del PSOE para retomar, durante esta legislatura, las negociaciones para la derogación íntegra de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, denominada coloquialmente por la izquierda y los independentistas como 'ley mordaza'. «El debate arranca hoy», explican este miércoles fuentes internas, que celebran lo pactado el martes como un triunfo, pues los socialistas se habían negado en un prinicpio a incluir la ley mordaza dentro del paquete de medidas de regeneración democrática expuesto por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Mientras tanto, sacan pecho de su participación dentro del plan de regeneración democrática de Sánchez: «Hemos conseguido que la discusión sobre la democratización no sólo sea cosmética, sino sobre políticos», ha presumido el portavoz de los magentas en el Congreso en el Hemiciclo, además de atrubirse la «chicha» de los anuncios de Sánchez como la despenalización de las injurias al Rey, a las altas instituciones o a los sentimientos religiosos . El PSOE también ha concedido a su socio la «reparación pública» de investigados por la Justicia cuyos casos se archiven antes de llegar a juicio, así como la derogación del artículo 36 de la mencionada ley mordaza para evitar multas por tomar imágenes en manifestaciones, detenciones u operativos policiales. Medida esta última que afecta, sobre todo, a profesionales de los medios de comunicación. Pero estos tres anuncios en materia de libertad de expresión adelantados ayer por el dirigente de IU Enrique Santiago (Sumar) son tan sólo una pata del acuerdo con los socialistas que, a su vez, forma parte del paquete de regeneración del presidente del Gobierno. La otra consiste en la apertura de una mesa de negociación con «todos y cada uno« de los grupos parlamentarios del Congreso, a la que también ha hecho mención Sánchez en su discurso, para reabrir el debate de la derogación de la ley mordaza. La comisión que dirigirá las negociaciones con los socios del pacto de investidura estará capitaneada por los ministros de Cultura Ernest Urtasun, por parte de Sumar, y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes Félix Bolaños, en representación del ala socialista del Gobierno. Desde Sumar insisten, además, en que la ley mordaza ya formaba parte del acuerdo de investidura que firmaron con el PSOE. « Era un discusión anómala porque ya está acordado de la legislatura anterior y esta en el acuerdo de Gobierno, lo que hemos garantizado ahora es que esto se va a hacer con esa comisión, que desde ya se pone a negociar con los restantes grupos de la Cámara«, ha dicho Díaz en declaraciones a los medios. A continuación, ha remitido al acuerdo de Gobierno que dice textualmente: «reformaremos y derogaremos todos aquellos aspectos de la normativa vigente que limitan los derechos de reunión y libertad de expresión (la 'ley mordaza' y el Código Penal). En concreto, garantizaremos el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. Introduciremos un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados». La novedad , señala la ministra de Trabajo, es que «la comisión va a ser bipartita, y el Gobierno de España va a actuar como uno sólo ». Además, insiste, «el presidente del Gobierno lo ha dejado para el final, no es casual que haya terminado con esto». Así es como ha salido la coalición al rescate de la ministra de Trabajo, que apenas 24 horas antes anunció directamente la «consumación» de la derogación de ley mordaza desde Bruselas en vez de atender a la realidad: la modificación de un único artículo de la norma. Unas palabras que tuvieron que ser rebajadas, además, el miércoles por el diputado Santiago hasta en dos ocasiones, escudándose en que se trató de una «confusión» y un «malentendido» porque ellos siempre han llamado así «leyes mordaza» a todo los delitos del Código Penal que tengan que ver con cercenar la libertad de expresión. El iniciado este miércoles en la Cámara Baja, zanja el tema el socio minoritario del Gobierno, es «un debate abierto que no acaba hoy» y sobre todo, «uno de los debates más importantes de nuestro país» porque «hablamos de ensanchar la democracia».