La multiplicación de las fuentes de financiación del sistema público de pensiones propiciadas por las diversas reformas aprobadas en los últimos años están imprimiendo complejidad a la hora de abordar un análisis claro sobre su situación financiera. La Seguridad Social habrá ingresado a finales del presente ejercicio algo más de 166.000 millones de euros en cotizaciones sociales, algo más de un 7% de la recaudación del pasado año, y sin embargo precisará de diversas transferencias procedentes del Presupuesto General del Estado -es decir, la recaudación general de impuestos - por valor de casi 43.500 millones de euros para hacer frente al pago de pensiones y demás prestaciones. Este hecho de que una parte consustancial del dinero destinado a las jubilaciones y el resto de las más de 10 millones de pensiones que abona mensualmente el Estado proceda de una fuente ajena a la naturaleza propia de la Seguridad Social -el pago de prestaciones según las cotizaciones realizadas- está permitiendo al organismo reducir su déficit -ensanchado en los últimos años con motivo de los esfuerzos extraordinarios realizados durante la pandemia y también por el agravamiento de la senda de gasto tras la vinculación de las revalorizaciones con el IPC -, pero sólo en términos contables. La realidad es que en términos contables, aunque la Seguridad Social haya cerrado el pasado ejercicio con un déficit de 8.300 millones de euros, el desfase entre el total del coste de prestaciones pagadas en el conjunto del año y de las cotizaciones ingresadas asciende a 56.000 millones de euros -teniendo en cuenta el régimen de las Clases Pasivas y descontado los 43.500 millones de las transferencias. De hecho, la deuda de la Seguridad Social se sitúa en los 116.000 millones de euros (un 9% más que hace un año) -según las últimas cifras del Banco de España-, reflejo de que la reducción del déficit contable no implica una mejora de la situación patrimonial del sistema. Sobre esta base advierte el último análisis de situación elaborado por el grupo del expertos del Instituto Santalucía sobre una falta de transparencia que impide no sólo el análisis despejado de las cuentas sino que distorsiona la toma de decisiones que afecten a futuro al balance financiero de la Seguridad Social. «El Instituto desea llamar la atención sobre la necesidad de la máxima trasparencia sobre la situación objetiva en la que se encuentra el sistema de pensiones con el fin de facilitar la consecución de un consenso informado sobre el diseño de la política de pensiones», señalan los expertos en el documento publicado recientemente. Entre otros elementos, los expertos del Instituto Santalucía apuntan a la falta de coherencia financiera de la operativa iniciada por el actual Gobierno de reflotar los ahorros de la denominada como hucha de las pensiones en un contexto en el que se está precisando de esa abultada transferencia anualmente para hacer frente al pago de las pensiones. Explican los expertos en el informe 'Por una mayor trasparencia en la información sobre la sostenibilidad de las pensiones en España' que el tratamiento que se está dando al renacido Fondo de Reserva de la Seguridad Social ( huchas de las pensiones) «no contribuye a la transparencia porque tiende a dar una visión distorsionada de la verdadera situación patrimonial del sistema». Cabe recordar que en julio de 2024, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha hecho entrega del Informe del Fondo de Reserva, correspondiente a 2023, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. En el que se destaca que el valor del Fondo a 31 de diciembre de 2023 era de 5.578 millones de euros, tras sumar 3.438 millones ese año, gracias en gran medida al incremento de las cotizaciones establecido en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que está operativo desde enero de 2023. «Lo que no se destaca en el informe es que la deuda total neta del sistema, descontando el fondo de reserva, ha seguido aumentando a pesar de la subida de cotizaciones del MEI y de la inyección a la Seguridad Social de cuantiosos recursos procedentes de impuestos generales», advierten los autores del estudio explicando que no es que estemos ahorrando una parte de las cotizaciones actuales para pagar parte de las pensiones futuras, «sino que estamos utilizando dinero procedente de impuestos generales y emitiendo deuda no sólo para pagar las pensiones de hoy sino también para engordar un 'fondo de reserva' que es sólo una ilusión óptica , dado que sus activos no son más que una pequeña parte de la deuda bruta del sistema». Todas estas variables hacen necesaria «la transparencia y claridad en la información para que los ciudadanos comprendan la situación real del sistema de pensiones», advierte José Manuel Jiménez Rodríguez , director del Instituto Santalucía. «En este sentido, y teniendo presentes las estimaciones que revela el último 'Ageing Report' acerca del efecto que el envejecimiento tendrá en las cuentas públicas en el futuro, consideramos muy conveniente que pueda existir un debate sereno, honesto y con perspectiva a largo plazo para que los cambios estructurales que se precisan para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas puedan consensuarse y materializarse», concluye.
