Entre el bosquejo de previsiones económicas y de cifras sobre las líneas más básicas del Presupuesto General de 2025 presentadas por el Gobierno, ha pasado desapercibido en cierta forma el anuncio, nada baladí, de que el Ejecutivo transferirá 1.500 millones de euros extra a la Seguridad Socia en 2025 procedentes de la recaudación presupuestaria para completar lo que el ministro José Luis Escrivá, autor de la reforma del sistema llevada a cabo entre 2021 y 2023, vino a denominar como 'gastos impropios'. El anuncio realizado por el Ministerio de Hacienda sin mayor enjundia supone, efectivamente, dar cumplimiento a la recomendación primera del Pacto de Toledo, que conmina al Gobierno a, con el objetivo de reducir el elevado déficit que arrastra la Seguridad Social fundamentalmente por las pensiones de jubilación, «avanzar en la separación de fuentes de financiación para la sostenibilidad financiera del sistema» de modo que «las cotizaciones sociales de los trabajadores que hasta la fecha financiaban todo el sistema, se destinarán exclusivamente a sufragar las pensiones contributivas». Y el Gobierno parece haber asumido el mandato a pies juntillas, toda vez que en estos últimos años ha multiplicado el nivel de transferencias del Estado a la Seguridad Social constituyendo así la vía principal de incremento de ingresos del sistema, que además han permitido abordar las contundentes revalorizaciones de las prestaciones efectuadas en los últimos ejercicios. Mientras que en 2019 esta transferencia procedente de los Presupuestos Generales ascendió a 19.582 millones de euros, para el próximo año esta cuantía habrá alcanzado, como mínimo –el Ejecutivo ha confirmado por el momento sólo el aumento de la financiación extra para gastos impropios– los 46.456 millones de euros . Es decir, un incremento del 137% en el periodo, lo que supone más que duplicar la aportación. De este modo, los gastos impropios , los que el Estado ahora sufraga vía impuestos al considerar que no son de naturaleza estrictamente contributiva y que por lo tanto no debería ir con cargo a las cotizaciones que aportan empresas y trabajadores, contarán con una transferencia en 2025 que ascenderá a los 22.881 millones de euros, tras sumarle los últimos 1.500 millones restantes para dar cobertura a todo el pliego de esta categoría. «A la vista de la relación de conceptos no homogéneos incluidos sin metodología objetiva, apunta más bien a una justificación para traspasar a la Administración General de Estado una parte del déficit de la Seguridad Social», advierten desde Fedea sobre esta maniobra efectuadas por el Gobierno. Sin embargo, todo este flujo dinero extra que recibe la Seguridad Social anualmente en concepto de transferencias y préstamos es insuficiente para enjugar el déficit contable del sistema, que el Estado situaba en la contabilidad oficial en 8.300 millones de euros a cierre de 2023 –tras haber recibido una transferencia por valor de 43.463 millones de euros–. Para 2024 , pese a repetirse la transferencia y con la expectativa de que los ingresos por cotizaciones sociales se incrementarán en unos 12.000 millones de euros respecto al pasado año, alcanzándose los 166.777 millones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que el sistema aún arrojará un déficit contable de 0,3 puntos porcentuales del PIB, equivalente a unos 4.500 millones de euros . Mientras que si despejamos del mix de ingresos del sistema esta financiación extra y se contabiliza el déficit existente en el sistema de jubilaciones de las Clases Pasivas, el desfase de cotizaciones respecto al gasto total asciende a 56.000 millones de euros a cierre de 2023, tal y como recogen los cálculos elaborados recientemente por el investigador de Fedea y profesor de economía aplicada en la URJC, Miguel Ángel García . Concluye el experto que, a día de hoy, las cotizaciones sólo cubren siete de cada diez euros del gasto total en pensiones , quedando el resto del desembolso pendiente de la financiación procedente de impuestos. Para visualizar gráficamente la importancia de este dinero que se transfiere a la Seguridad Social, el montante de 46.500 millones que aspirará el sistema en el próximo año equivale al 40% de la recaudación anual por IRPF, la mitad de la recaudación por IVA del pasado ejercicio y rebasa en 10.000 millones los ingresos por Sociedades. Pero a pesar de la rebaja de este desequilibrio financiero en términos contables, la deuda de la Seguridad Social se sitúa en 116.000 millones de euros (un 9% más que hace un año) –según las últimas cifras del Banco de España–, reflejo de que la reducción del déficit contable no implica una mejora de la situación patrimonial del sistema. Es más, con el actual Gobierno de Pedro Sánchez el pasivo acumulado por el organismo encargado de pagar las más de 10 millones de pensiones en vigor en España se ha incrementado en un 182% –respecto a la deuda de 41.000 millones que registraba a finales de 2018–, lo que supone casi triplicar el nivel en este periodo. Con todo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz , ha confirmado en reiteradas ocasiones que esta tendencia de aumento del pago de pensiones vía impuestos se consolidará en las próximas décadas, más aún con la expectativa de que la masiva jubilación de la generación del 'baby boom' y las menores contribuciones que realizará la población ocupada (por la merma de efectivos a la que empuja la caída de la natalidad en nuestro país) harán necesarias estas palancas más allá de las cotizaciones para afrontar con garantía el pago de las prestaciones. Sin embargo, este modelo de multiplicación de las fuentes de financiación comporta un doble riesgo, toda vez que dificulta el análisis despejado no sólo de las cuentas sino que también distorsiona la toma de decisiones que afecten a futuro al balance financiero de la Seguridad Social. En este punto, los expertos del Instituto Santalucía señalan en un reciente informe «la necesidad de la máxima trasparencia sobre la situación objetiva en la que se encuentra el sistema de pensiones con el fin de facilitar la consecución de un consenso informado sobre el diseño de la política de pensiones». Entre otros elementos, los expertos apuntan a la falta de coherencia financiera de la operativa iniciada por el actual Gobierno de reflotar los ahorros de la denominada como hucha de las pensiones en un contexto en el que se está precisando de esa abultada transferencia anualmente para hacer frente al pago de las pensiones. Explican desde el Instituto en el informe 'Por una mayor trasparencia en la información sobre la sostenibilidad de las pensiones en España' que el tratamiento que se está dando al renacido Fondo de Reserva de la Seguridad Social (huchas de las pensiones) « no contribuye a la transparencia porque tiende a dar una visión distorsionada de la verdadera situación patrimonial del sistema». «La deuda total neta del sistema, descontando el fondo de reserva, ha seguido aumentando a pesar de la subida de cotizaciones del MEI y de la inyección a la Seguridad Social de cuantiosos recursos procedentes de impuestos generales», advierten los autores del estudio explicando que no es que estemos ahorrando una parte de las cotizaciones actuales para pagar parte de las pensiones futuras, «sino que estamos utilizando dinero procedente de impuestos generales y emitiendo deuda no sólo para pagar las pensiones de hoy sino también para engordar un 'fondo de reserva' que es sólo una ilusión óptica , dado que sus activos no son más que una pequeña parte de la deuda bruta del sistema».
