«Máxima cordialidad», «muy positiva», «voluntad» de «diálogo» y llegar a acuerdos... Ya sólo el tono y las sensaciones con las que todas las partes salieron de la reunión del Diálogo Social parecen abrir otra etapa en esta herramienta de concertación a tres bandas entre Junta de Castilla y León, empresarios representados por CEOE y los sindicatos CCOO y UGT tras unos años en los que las fricciones han hecho saltar chispas. El debut de Leticia García al frente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y que devuelve al PP las competencias en esta materia tras más de cuatro años -los últimos dos en manos de Vox y antes de Ciudadanos- apunta a una nueva 'era'. Y es que las diferentes partes coincidieron en su propósito en favor del entendimiento. Como paso previo, al menos el choque y hasta los descalificativos que marcaron el periodo de Mariano Veganzones (Vox) quedaron a un lado. Hasta hubo anuencia en las materias a abordar, comenzando por lo más perentorio: la resolución de la situación que atraviesa el Serla (Servicio de Relaciones Laborales). La propia consejera se comprometió a realizar «con carácter inmediato» las gestiones «necesarias para normalizar» el funcionamiento y «garantizar la prestación» de este servicio de mediación, arbitraje y conciliación «en las mejores condiciones». Dado, reconoció, el papel «importante» que considera desempeña. Eso sí, también puntualizaron desde el departamento de García, lo harán «atendiendo a criterios de eficiencia y seguridad jurídica», tratando de «consensuar» una hoja de ruta que «permita abordar» con esas premisas de «responsabilidad, eficacia y eficiencia, los problemas de financiación» de este órgano, al que Veganzones metió la tijera reduciendo a menos de la mitad los fondos inyectados por la Junta. Por el momento, «en los próximos días» el Gobierno autonómico adoptará las medidas para «facilitar los pagos del alquiler» de las oficinas y «tratar de revertir el proceso de desahucio», cuya ejecución está prevista para septiembre. De hecho, éste es uno de los puntos que desde patronal y sindicatos situaron como «cruciales». «Es algo que hay que solucionar de inmediato», pues «no podemos seguir dando esa imagen, tener esa situación tan compleja y tan maquiavélica», advirtió el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio. «Pagar todo lo que se debe» y así «evitar el desahucio» y, «a partir de ahí, seguir negociando», urgió también el secretario general de UGT en la Comunidad, Faustino Temprano. La otra pata clave, subrayaron los agentes económicos y sociales, «restituir» y «restaurar» el Diálogo Social, que desde 2021 «no» tenía una reunión «de alto nivel» a tres bandas, precisó Temprano. «Es algo fundamental y básico para empezar a trabajar», recalcó el presidente de CEOE Castilla y León, quien echó la vista un poco más atrás para recordar que las «hostilidades» hacia este órgano de concertación recogido por ley y amparado en el Estatuto de Autonomía se iniciaron ya «por parte de Ciudadanos», anterior socio de gobierno. «Restituir el Diálogo Social tal y como estaba en aquel entonces es lo fundamental», sostuvo Aparicio, quien coincidió con los dirigentes sindicales en que «lo primero» e «importante» es «empezar» con la reunión de la mesa Permanente de este órgano y ahí arrancar los trabajos. Con una premisa, dijo, «que no se les presione -al Gobierno autonómico- ya que «están trabajando, están por la labor de sacar adelante» los temas en cartera. «No queramos solucionar todo en tres días», advirtió. «El objetivo es recuperar todo lo que es el Diálogo Social, que no ha existido durante el consejero de Vox», marcó a la vez que censuró al pasado el dirigente de UGT, quien incidió en que consideran capital «recuperar la participación institucional», tal y como marca la normativa. «Se tiene que aplicar la ley y se nos tiene que reconocer dicha participación institucional», recalcó Temprano. «La tarea, por ser grande por el destrozo anterior de la extrema derecha es importante» y a la vez que «grande es sencilla», apuntó desde CCOO Saturnino Fernández, quien incidió también en la llamada a «cumplir la ley». Así, aseveró, «la mitad del trabajo está hecho». Para comenzar, desde los sindicatos pusieron una fecha con la confianza también en «llegar a acuerdos»: septiembre. De hecho, apuntó Temprano, a los ya avanzados con las consejerías que hasta ahora estaban en manos del PP y que se iban a firmar, quieren «intentar» añadir «nuevos». «Sería realmente sencillo que en unos meses pudiera haber acuerdo en este ámbito que hace dos años y medio que no lo hay», consideró Fernández, el más crítico a la hora de cargar contra lo que tachó como «destrozo que ha hecho la extrema derecha». También Aparicio vio viable que «de aquí a fin de año tener prácticamente» lo que estaba «olvidado». Pero, apostilló, «es fundamental dejar trabajar» desde la «lealtad institucional» con la Consejería y el Gobierno de Castilla y León, ya que ve posible «volver a ser otra vez referencia a nivel nacional y mundial» en Diálogo Social. De hecho, también desde la Consejería coincidieron en resaltar la «voluntad de entendimiento» y compromiso para «trabajar y cooperar para fortalecer y dar un nuevo impulso al Diálogo Social como un referente nacional e internacional de participación en las políticas públicas». Así, la consejera, con «total disposición a escuchar y estudiar» las propuestas que reciba, tendió la mano de cara a «mantener una interlocución fluida y una colaboración permanente con el fin de alcanzar nuevos acuerdos en beneficio de los trabajadores y las empresas de Castilla y León».
