Ante la crisis humanitaria, continúa el reparto de personas migrantes en las diferentes comunidades, entres ellas, la gallega. Concretamente, según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno a ABC, unos 180 refugiados recibirán asilo en el municipio de Mondariz-Balneario (Pontevedra), y otros 120, en el concello de Monterroso (Lugo), principalmente de Mali. Su llegada, indican sin dar fechas exactas para proteger su privacidad y ante la posibilidad de cambios de última hora, está prevista para «los próximas días o semanas». Una información poco concreta que durante la jornada de este lunes suscitó las críticas del alcalde de la localidad lucense, quien afeó «falta de planificación» e «improvisación» a la hora de gestionar esta cuestión por parte del Ejecutivo central, que, por su lado, asegura que se ha seguido el procedimiento habitual, igual que en años anteriores. En la misma línea, la Xunta pidió también más «claridad» para organizar el proceso de acogida, ante la previsión de que las llegadas a corto plazo superen las 1.000. Concretamente, fuentes de la Consellería de Política Social e Igualdade señalaron en una información recogida por Ep que, si bien el Gobierno sigue informando de las llegadas de migrantes, el proceso podría llevarse cabo con mayor «claridad». De hecho, lamentan que la cifra que manejaba la Consellería al inicio de la crisis (más de 700 personas) era «mucho más cercana a la realidad» que la que sostenía el Gobierno central (470). Una discrepancia, apuntaron, «que incluso motivó unas declaraciones del delegado del Gobierno acusando a la conselleira, Fabiola García, de estar aprovechando una crisis humanitaria para 'enredar'». En este contexto, y ante la estimación de la llegada de unas 1.000 personas a corto plazo , el gobierno gallego pide información más concreta para poder organizar la acogida ya que, tal y como recuerdan, «hay competencias exclusivas de la administración autonómica como sanidad o educación». También este lunes, en un comunicado, el Concello de Monterroso denunciaba públicamente la «improvisación» del Gobierno en la acogida de migrantes, tras haber conocido el viernes pasado a través de una ONG que, finalmente, sí se destinarán a su localidad unas 120 personas. Tal y como indica el alcalde, Eloy Pérez, en conversación con ABC, habían recibido una información similar en las últimas semanas a través de los medios de comunicación, momento en el cual se puso en contacto con la Delegación y le confirmaron «que no había previsión» de ello y que , «en todo caso, me harían partícipe de la información que tuvieran». No fue hasta el viernes pasado cuando estuvo con representantes de la ONG Rescate Internacional, que trabaja con el Gobierno para organizar el asilo, y le indicaron que la previsión es que dichas personas lleguen el próximo 29 de agosto a un establecimiento hotelero de la localidad. «Nosotros no tenemos constancia de nada», aseguró, tachando la actuación de «improvisación» y «falta de planificación». Según relata el alcalde, una de las mayores preocupaciones que suscita esta noticia está relacionada con el alto número de personas que, indica, representan el 10% de la población del núcleo urbano de la localidad. «Somos una villa muy acogedora», donde, explica, convive gente de múltiples nacionalidades «perfectamente integrada», pero no tienen experiencia previa en la acogida de migrantes, y teme una saturación de los servicios del municipio que ya hacen frente a una sociedad muy envejecida. «En teoría, los acompaña gente de la propia ONG», explica, «pero lo normal sería que desde el Gobierno de España se nos hiciera partícipes de toda la información de los planes y que se hubiera hecho una verdadera planificación de integración, un trabajo serio». Una situación, explica, aún más «preocupante» por la inmediatez del asunto: llegarán, según las fechas que manejan, en menos de diez días. «De hecho –continúa–, aquí se ha generado cierta alarma social», y su teléfono estos días, añade, no ha parado de sonar. Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno encajan el proceso dentro de la normalidad en la distribución de migrantes por las distintas comunidades ante la crisis humanitaria. En conversación con ABC, explican que a través de las delegaciones, cada comunidad traslada la previsión que tiene de distribución. Después, desde el Gobierno central, cuando tienen una «previsión más o menos asegurada, se comunica a la Xunta» y, luego, «cuando se acerca la fecha y tenemos una confirmación más concreta, se lo trasladamos a los ayuntamientos, bien directamente desde la delegación, bien a través de los sudelegados o bien a través de la propia ONG, entidad social, que va a trabajar en el territorio con estas personas». Una espera motivada por que no deja de ser una «crisis humanitaria» en la que «se pueden dar cambios repentinos» de última hora. Una vez en su destino, es la propia ONG la que se «encarga de atender a estas personas» , y los costes corren a cargo del Gobierno. Asimismo, indican que la «improvisación» no es mayor que en otra situación tan delicada como esta, debido a contratiempos o cambios en las circunstancias, y que todo se lleva a cabo a través de un sistema de acogida perfectamente definido por el Ejecutivo central que ya se ha empleado en otras ocasiones, como con los refugiados de Ucrania. Un contexto muy complejo en el que la Delegación ha vuelto a «agradecer mucho» la colaboración y el talante tanto de la Xunta como de los concellos, por su «buena disposición» a la hora de acoger a estas personas que huyen de los conflictos en sus países de origen.
