Sindicatos de la Ertzaintza denuncian la orden de no detener a quien amenace con arma blanca

«No entendemos que se dé la espalda a la ciudadanía y que se nos exponga de esta manera», manifiestan al unísono los principales sindicatos policiales del País Vasco. La jefatura de la Ertzaintza, encabezada por Josu Bujanda, emitió a finales de la semana pasada una orden según la cual la comisión de delitos de amenazas leves «con uso, exhibición o porte de arma u objeto potencialmente peligroso» no conllevará la detención del autor. Una decisión que desde el Gobierno vasco se niegan a justificar y que es vista con excepticismo por las organizaciones que representan a los agentes, que creen que les deja «a los pies de los caballos». Esta nueva forma de actuación, que se implementó primero en Álava, pero que después se ha hecho extensiva a las otras dos provincias vascas, Vizcaya y Guipúzcoa, implica que, «salvo la concurrencia de otros delitos o circunstancias por las que proceda la detención», los ertzainas únicamente instruirán un atestado para identificar esa persona como investigada si hay denuncia. También se intervendrá el arma, pero ya está. «¿Qué pasa si esa persona se espera para seguir amenazando a la víctima una vez ya han intervenido los agente? Lo que quiere la ciudadanía ante alguien que amenaza con una navaja es que se lo lleven de ahí», plantean a ABC desde ESAN. Junto con ErNE y SIPE, los principales sindicatos de la policía autonómica, han emitido un comunicado en el que acusan a la jefatura del cuerpo de emitir una directriz «subjetiva y timorata», que carga la responsabilidad «en los agentes en la calle». Denuncian que no se les han dado explicaciones sobre el cambio de criterio que, según ellos, pretende una actitud «más garantistas con el delincuente que protectora con el ciudadano». Por eso, han solicitado una reunión con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la Fiscalía. Para que la «parálisis de los jefes» no repercuta en la ciudadanía. Por su parte, desde la Consejería de Seguridad, liderada por el peneuvista Bingen Zupiria, evitan hacer comentarios, pese al revuelo que ha causado la medida. Según explican fuentes sindicales a ABC, esta se habría tomado de «forma unilateral» y a «contracorriente», dado el aumento considerable de las agresiones con arma blanca que se están sucediendo.