Montero tendrá que dar cuentas del acuerdo con ERC la próxima semana en el Senado

María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y, por tanto, responsable de la llave de la caja del Estado, tendrá que dar cuentas la próxima semana en el Senado del acuerdo alcanzado con ERC sobre la financiación de Cataluña. El Gobierno logró el pasado martes en el Congreso esquivar toda una batería de peticiones de comparecencia sobre múltiples asuntos, entre ellos el cupo catalán. Sin embargo, no podrá hacer lo mismo en el Senado, donde el PP ha hecho uso de su mayoría absoluta para citar a Montero y obligarla a rendir cuentas ante la cámara territorial. La Junta de Portavoces ha aprobado hoy, a petición de los populares, la convocatoria de un pleno urgente para el próximo miércoles día 4 de septiembre con el objetivo de que la vicepresidenta informe sobre el «secesionismo fiscal» acordado con sus socios «de forma bilateral» y fuera del régimen común de financiación de las comunidades autónomas. «Esto no es más que un nuevo pago de Sánchez al separatismo en su cruzada para promover un Estado confederal, basado en la asimetría y la ruptura únicamente a costa de su sillón», denuncian fuentes del PP, que quieren que Montero dé todas las explicaciones necesarias ante el pleno del Senado «ante la desinformación absoluta del Gobierno y el silencio entre el Ejecutivo y ERC». La comparecencia ya fue ayer adelantada por la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, que avisó de que, si el Congreso «se cierra» y el Ejecutivo se niega allí a dar explicaciones, el Senado se convertirá en «el centro del debate» y liderará la función constitucional de control al legislativo. Montero fue la autora la pasada semana de las palabras que provocaron el enfado de ERC y posterior reacción de otros ministros para salvar el acuerdo catalán. La ministra de Hacienda dijo que la nueva financiación catalana estaba lejos de ser un cupo y negó también cualquier quiebra de la solidaridad entre territorios. Esas palabras, semanas después de que el pacto fuese anunciado como una suerte de convenio económico para Cataluña, provocaron el enfado de los republicanos -que amenazaron con dejar de dar apoyo al Gobierno- y varios ministros tuvieron que salir al día siguiente a calmar las aguas.